AQUELLOS MONOS...

Este artículo lo escribí hace casi siete años, y -la verdad sea dicha- no tengo idea de qué habrá sucedido finalmente con los monos en cuestión.

800 MONOS: UNA HISTORIA DE DESIDIA, INCOMPETENCIA Y CORRUPCIÓN
Andrés Capelán (Comcosur – 21.09.04)

El ataque sufrido por una niña de 13 años en la ciudad de Treinta y Tres por un mono africano, permitió conocer la circunstancia de que –al volver al país- los militares que participan en las misiones de paz de la ONU en el extranjero no pasan por la aduana. Es así que entre otros bienes indeterminados, suelen traer de contrabando animales exóticos, como ser víboras, pájaros, iguanas, o monos; los que introducen al país sin ningún tipo de control sanitario. En el caso de los monos, se supo que ya hay en Uruguay alrededor de 800 ejemplares de una especie aún no develada, originaria del Congo, los que debido a su pequeño porte, suelen ser traídos por los militares dentro de sus termos.

Según relata el matutino “Últimas Noticias,” el ataque sucedió el pasado 7 de mayo, aunque sólo tomó luz pública en el día de hoy. Ese día, a las 7.30 horas, una niña de 13 años caminaba hacia su liceo en la ciudad de Treinta y Tres cuando un mono macho, de tamaño medio, saltó desde un árbol y le mordió la oreja y la mejilla. El hecho fue la culminación de un período de tensión en la ciudad, pues días antes se había lanzado el alerta de que uno de estos simios andaba suelto tras habérsele escapado a su dueño, un militar que lo había "importado" desde África a su regreso de una misión de paz. La madre de la pequeña, Susy da Luz, formuló las denuncias pertinentes, que dieron como resultado el encierro del animal, por orden judicial, en el Zoológico Municipal de Treinta y Tres, el arresto a rigor del militar y el suministro de la vacuna antirrábica a la pequeña.

A pesar de la gravedad que desde el punto de vista sanitario implica esta introducción de especies exógenas al país, ninguno de los organismos oficiales que podrían haber tomado cartas en el asunto lo ha hecho. El titular de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Atilio Altamirano, dijo que si bien la división Fauna de dicho organismo recibió un llamado anónimo advirtiendo del ataque a la niña, no se pudo proceder porque la denuncia nunca fue radicada formalmente. También esplicó que la dependencia que tiene competencia en estos asuntos no es la suya, sino el Ministerio de Salud Pública. Dijo como excusa que los militares que regresan de sus misiones en África "ingresan al país sin control sanitario de frontera ni de aduanas", y que su dirección sólo actúa "cuando el ingreso se realiza por vías normales o a raíz de una denuncia concreta, con datos concretos."

El director del zoológico de la ciudad de Treinta y Tres, Mario Abella, señaló a la citada publicación que el mono en cuestión vivía en esa localidad desde hace nueve años (y nunca a nadie le importó). Fue traído, recién nacido, dentro de un recipiente térmico militar más grande que los de uso habitual. "Es un bicho manso –explicó- antes andaba a caballo con su propietario. Está en el zoológico desde hace dos o tres meses, y es la atracción: 1.000 personas vienen a verlo todos los fines de semana" – agregó- aclarando que no recordaba el nombre científico del animal (el nombre propio sí lo sabe, se llama “Pepe”). Al parecer, el director del zoológico de Treinta y Tres solicitará a alguien que sepa de animales que le clasifique al mono, ya que anunció que en el día de hoy confirmará su philum. Abella también explicó que "Según la veterinaria nuestra, que no es experta en estos temas (¡faltaba más!) el mono habría atacado porque estaría en celo."

Sin embargo, el pasado lunes 20, la directora del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, María del Carmen Paparamborda, comunicó a la Junta Departamental de Treinta y Tres que, según la ley emergente de la Convención Internacional Sobre Especies Amenazadas, vigente en Uruguay, "el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene potestad de policía sanitaria y de decomisar las especies" en cuestión, ya que para el ingreso al país de estos animales se requiere la certificación sanitaria y el correspondiente trámite de importación.” La jerarca explicó que el no cumplimiento de estas normas da origen a sanciones, aunque no explicó cuales. También anunció que "se tomarán las medidas imprescindibles (...) a fin de evitar que se repitan situaciones como la presente," pero tampoco explicó el tenor de esas medidas.

El zoológico municipal dejó constancia de que le efectuó al animal una "revisión visual" (sí, leyó bien), y a instancias de la Junta Departamental, el mismo día la Intendencia Municipal de Treinta y Tres solicitó al Instituto Rubino, del MGAP, la realización de un análisis al animal, ante lo cual el laboratorio respondió que "no está capacitado ni habilitado para tratar con especies exóticas." Dado "el peligro potencial que ello implica para la salud pública", el organismo "cursó notas a la Dirección de Laboratorio Veterinario, el Centro Departamental de Salud Pública de Treinta y Tres y el Control de Comercio Internacional del MGAP", para ver si alguien sabe algo de monos... El director de Barreras Sanitarias de dicho ministerio, Alvaro Carrau, dijo desconocer la situación debido a que los militares están eximidos de pasar por el control, pero "en caso de que sea como se dice, se trata de un hecho gravísimo, porque viola todas las disposiciones sanitarias del país." Espeluznante, tristísimo, vergonzozo.

PENA DE MUERTE PARA MONOS INDOCUMENTADOS

Luego de que el pasado martes el diario “Últimas Noticias” hiciera pública la circunstancia de que una niña había sido atacada por un mono africano en plena ciudad de Treinta y Tres, los organismos oficiales –que permanecieron omisos por mas de cuatro meses- han venido reaccionando de uno en uno. Es así que –ahora- el Ministerio de Salud Pública solicitó asesoramiento sobre cómo proceder a la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Así lo informó al citado matutino el Director General interino de Salud, Julio Vignolo, quien explicó que "Ellos están capacitados porque reciben la información directamente de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros no lo podemos determinar. No es tan sencillo decidir qué hacer, porque se trata de animales exóticos. Puede ser que deban permanecer en cuarentena o no."

Es así que en el día de ayer, delegados de los Ministerios de Salud Pública (MSP), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y Defensa Nacional, y del Zoológico de Montevideo, se reunieron con representantes de la OPS y “debatieron” sobre las distintas formas de tratar a los monos de especies exóticas que fueron traídos al país por los militares a la vuelta de su participación en las misiones de paz de la ONU. Roberto Salvatella, consultor de enfermedades transmisibles de la OPS en Uruguay, dijo que el laboratorio especializado que el organismo posee en Perú “fue puesto a disposición de las autoridades nacionales”. Según se descubrió ahora, “Federico” (el mono en cuestión, detenido ahora en el Zoológico Municipal de Treinta y Tres) pertenece a la especie “cercopithecus” o “mono de Vervet,” la que –precisamente- se halla en peligro de extinción debido tanto al deterioro de su hábitat como a la costumbre de cazarlos para venderlos como mascotas. Fue traído a Uruguay por un militar que sirvió en Mozambique

Según detalla el periódico, los monos Vervet llegan a pesar hasta 10 quilos y a medir unos 50 centímetros de alto. Comen fruta, plantas e insectos, pueden vivir hasta 31 años, y en libertad viven en clanes de unos 15 ejemplares. Nadie tiene la más mínima idea de cuantos ejemplares fueron ingresados al país (las cifras varían desde dos a ochocientos), pero sí se sabe que todos los ejemplares son machos. Esto es así porque los machos son mas tranquilos y resistentes que las hembras, lo que los hace aptos para soportar encerrados en un termo el largo viaje desde Africa hasta Uruguay. El MSP tiene detectados a sólo cuatro ejemplares de estos simios, los que fueron ingresados ilegalmente al país entre los años 1993 y 1995. En un comunicado hecho público ayer, el ministerio a cargo de la salud de los uruguayos expresó que “En referencia al ingreso de animales, plantas y objetos exóticos vinculados al retorno de personal militar al país, luego de misiones de paz, se han perfeccionado los sistemas de control que en los últimos seis años son regulados por Naciones Unidas en el exterior y por Aduanas, Ministerio de Defensa Nacional y MGAP dentro del país.”

Según explicó la directora de la Unidad de Zoonosis y Vectores del Departamento de Epidemiología del MSP, Gabriela Willant, estos monos pueden contagiar a los humanos con rabia, hepatitis A y B, ébola y marbur. Felizmente, ello no ha sucedido hasta ahora, y su permanencia en el país puede haber operado como una “larga cuarentena”.
De todas maneras, el MSP decidió "prohibir el ingreso de animales exóticos por cualquier vía", y anunció que ha coordinado con el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas para "extremar las medidas de control.” El director general de Salud aseguró que entre dichas medidas se ha propuesto realizar revisaciones más intensas a los efectivos y... la "prohibición de usar termos." En un ataque de cordura, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, desmintió esta declaración y se preguntó muy sensatamente: "¿Cómo van a prohibir traer termos? Si los trajeran en las botas, ¿habría que prohibir el uso de botas? Además, primero habría que probar que los monos fueron traídos por militares". Según el ministro, los efectivos son "revisados hasta los zapatos" cuando embarcan de regreso al país, "y cuando llegan también, hasta con rayos equis". Fau también adelantó que el ministerio a su cargo no hará ninguna indagatoria hasta tanto no se presente una “denuncia oficial” al respecto.

Por su parte, la doctora Willant destacó que estos monos no son naturalmente agresivos, pero aclaró que esta conducta puede modificarse si se toma en cuenta que Federico “fue sacado de su hábitat natural recién nacido, hizo todo un viaje y vivió toda su vida en Uruguay" (en la casa de un militar y bajo las presidencias de Julio Sanguinetti y Jorge Batlle) por lo que "no se sabe cómo puede reaccionar.” Según el ministro Yamandú Fau, sólo entraron tres de estos monos al país, y fueron traídos desde Mozambique: "Uno de ellos murió y los otros dos permanecen en zoológicos," aseguró. Por su parte, el edil de Treinta y Tres John Acosta, aseguró que la doctora Willant le manifestó que hay "más de 800." Consultada al respecto la científica, aseguró en cambio que ella nunca “habló de números” con el curul, quien insiste en que Willant le dijo textualmente: “No quiero ni saber, pero me dijeron que hay más de 800 en todo el país.” Darwin Herrera, funcionario de Relaciones Públicas del Ejército Nacional afirmó que la institución "no posee datos" sobre el tema.

El director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Hipólito Tapié, adelantó que, de ser hallados, los monos africanos que hayan ingresado al país en los últimos tres meses "serán sacrificados" (claro: “muerto el mono, se acabó la rabia”) El jerarca informó a “Últimas Noticias” que "en el expediente que me llegó, figuraba que el animal había entrado a Uruguay hace unos 60 días, pero el director del Zoológico Municipal de Treinta y Tres, Mario Abella, me comunicó ayer que vive en el país desde hace nueve años”. Para el edil Acosta, está claro que en todo esto "hubo negligencia" del director del Centro Departamental de Salud Pública de Treinta y Tres, Carlos Favotto, al "no dar conocimiento a tiempo a las autoridades" del ataque del mono a la niña. Según dijo, ésa es la explicación por la cual los datos llegaron cuatro meses más tarde a la Unidad de Zoonosis y Vectores del MSP. Acosta asegura que la madre de la pequeña, no se comunicó directamente con el MSP porque "estaba asustada y le daban diferentes instrucciones", al tiempo de esperar que Favotto resolviera el asunto.

NO SE OLVIDEN DE LANATA

Parece que hiciera una vida, pero pasaron tan sólo cinco años desde que la logia mafiosa uruguaya echó a patadas al periodista argentino Jorge Lanata por andar metiendo las narices precisamente donde olía feo. En aquel momento se manejó la ilusión de que Televisión Nacional de Uruguay albergara al defenestrado Lanata, sin embargo no fue así a pesar del gran ratting que tenía su programa. El presidente de la República era el doctor Tabaré Vázquez y la directora de TNU era Sonia Breccia.

LOS "INTOCABLES" DERROCARON A JORGE LANATA

MONTEVIDEO/URUGUAY/14.05.05/COMCOSUR AL DÍA - Cuando hace poco más de dos meses, Canal 12 de Montevideo anunció que pondría en pantallas un programa periodístico dirigido por el argentino Jorge Lanata, muchos comenzaron a hacer apuestas sobre cuanto tiempo duraría. Unos pocos pensaron que (¡al fin!) Lanata se había “domesticado” y estaba dispuesto a seguir las hipócritas reglas del juego de la televisión uruguaya. Otros pocos pensaron que (también ¡al fin!) la televisión privada uruguaya había dejado de lado sus lazos con el poder económico y político en aras de la verdad descarnada, o por lo menos en aras del “raiting” (el de Lanata era el segundo programa en audiencia de Canal 12, luego del informativo central).

Unos y otros se equivocaron, “Lanata.uy” (que así se llamaba el programa) duró solamente nueve semanas: anoche fue abruptamente eliminado. Según las autoridades de Canal 12, el principal factor para tomar esa medida fue que la productora argentina encargada del programa no logró la venta de la cantidad de publicidad que preveía. El comunicado de la televisora dice textualmente que “Al día de la fecha la productora no ha logrado obtener auspiciante alguno”, por lo que “han surgido entre las partes del contrato ciertas diferencias económicas que imposibilitan su continuación”. Canal 12 también reiteró “su más firme compromiso con la libertad de prensa, y el total respeto a la independencia de los periodistas”. Nadie les creyó.

En la conferencia de prensa que brindó anoche en la Asociación de la Prensa del Uruguay, Jorge Lanata afirmó que su programa contaba con 25 minutos de tandas comerciales propias, lo que le estaba reportando a Canal 12 unos 50 mil dólares por emisión. Explicó que cuando el canal lo llamó para hacer el programa, le garantizó “total libertad”, y que hasta hace un mes, el acuerdo se había cumplido. ¿Y qué pasó “hace un mes”? Hace un mes Jorge Lanata puso al aire un segmento llamado “Los Intocables”, en el que se proponía investigar a los políticos y empresarios uruguayos así denominados debido al silencio televiso que los rodea. “Veremos si en este país se puede hacer periodismo en serio”, dijo entonces.

Los problemas de Lanata comenzaron precisamente con la emisión de la primera investigación de la serie, que tuvo como protagonista al empresario deportivo y televisivo Francisco “Paco” Casal, acusado de millonarias evasiones a la Dirección General Impositiva. Según explicó el periodista, las presiones comenzaron apenas inició la investigación. El ex futbolista Enzo Francescoli (socio de Casal) intentó convencerlo de que desistiera y le invitó a tener una conversación privada con el empresario. Lanata respondió invitando a Casal a que concurriera a su programa para decir todo lo que tuviera que decir, ofrecimiento que el empresario declinó.

Pero además, fue entonces que Lanata se enteró que uno de los dueños de Canal 12 era también socio de Casal en uno de sus emprendimientos, y desde la televisora también se intentó convencerlo de que no sacara al aire la investigación. Lanata no dio marcha atrás, y -con la presencia de ese socio de Casal en la tribuna de su programa- logró explicar a los televidentes cómo evadía impuestos el empresario (dueño de los derechos televisivos del fútbol, el básquetbol y el carnaval uruguayos),

El segundo “intocable” investigado por Lanata, fue la ex directora del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Milka Barbato. Figura importante del Foro Batllista del ex presidente Julio Sanguinetti (Partido Colorado), Barbato se enriqueció en forma por demás llamativa durante los años en los que desempeñó dichos altos cargos. Pasó de ser dueña de un modesto autito de 600 cc a poseer dos vehículos de alto costo; de vivir en un humilde departamento en el barrio de La Blanqueada a habitar una mansión en Carrasco (la zona donde vive la clase alta montevideana): de vivir de su sueldo a poseer variados emprendimientos comerciales y llevar un ritmo de vida que incluye veraneos en el exclusivo balneario de Punta del Este y paseos en yate.

A pesar de que -al igual que Casal- Barbato fue invitada a decir su verdad en el programa, la política colorada declinó el ofrecimiento aduciendo que se sentía ofendida por haber sido convocada sólo 24 horas antes de la salida al aire. En esa oportunidad, las autoridades de Canal 12 volvieron a intentar convencer a Lanata de que no emitiera el informe. Al no lograrlo, optaron por no emitir los habituales avances publicitarios en los que se anunciaban los contenidos del programa.

Tras arduas negociaciones, el programa salió al aire, pero posterioremente -como contó Lanata en la conferencia de prensa- Barbato “quiso ejercer el derecho a réplica, no habló conmigo, lo hizo con el canal. Después me llamaron para informarme que mandaron una cámara del propio canal para que hiciera un tape de descargo. No tengo ningún problema en que nadie ejerza derecho de réplica en un tape, pero si querés realmente el derecho de réplica vení en vivo y yo te pregunto. Si no, hacéme un juicio, ganámelo, y yo voy a pasar tu tape. Pero porque sí, no voy a pasar veinte minutos de una mina que me insulta, sólo porque a ella se le ocurre, me parece injusto”.

Lanata agregó que si todo lo que se dice en el informe que emitió es verdad (y el está convencido de que lo es), Barbato debería estar presa y no grabando videos”. También reveló que luego, “El canal propuso poner un productor propio, lo que no aceptamos. Era intromisorio en el equipo, íbamos a tener a alguien que le contara al canal en lo que estábamos trabajando”. En la noche de ayer, el “intocable” investigado por Lanata iba a ser Juan Raúl Ferreira, ex embajador en Buenos Aires durante el gobierno de Luis Lacalle y ex director del Banco de Seguros durante la presidencia de Jorge Batlle. Fue la gota que derramó el vaso: Ferreira pertenece al Partido Nacional, la misma agrupación política a la que responde Canal 12.

Entre los “Intocables” que Lanata tenía en agenda, estaba el hijo del ex presidente Juan María Sanguinetti, el ex diputado Julio Luis Sanguinetti, implicado en una maniobra de la mafia pesquera conocida como “El caso del Cangrejo Rojo”. Para el próximo 20 de mayo, al cumplirse un nuevo aniversario del crimen, Lanata tenía previsto un detallado informe sobre los asesinatos de los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El periodista iba a explicar las implicancias del ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco en ese crimen.

Hace dos meses Lanata se preguntaba si en la televisión privada uruguaya se podía “hacer periodismo en serio”. Cualquiera le hubiera dicho que la respuesta era no. De todas maneras lo intentó, y a pesar de que fracasó, su fracaso sirvió para dejar en evidencia que este es un país muy chico con una mafia muy grande, que respeta la ley de la “omertá” aunque pierda dinero y raiting.

Es de destacar que ninguna de las investigaciones realizadas por Jorge Lanata (y esto no va en su desmedro) eran cosa nueva. Por el contrario, los procederes delictivos de Paco Casal, Milka Barbato, Juan Raúl Ferreira, y otros protagonistas de las investigaciones de Lanata.Uy, han venido siendo denunciados ampliamente por varios medios de comunicación independientes, radiales, impresos y electrónicos (entre ellos, éste). Lo que sucede es que en Uruguay, el poder utiliza la política del “ninguneo” y “lo que no pasa por la televisión no existe.” Para que las cosas tomen estado público, tienen indefectiblemente que “salir en televisión”. Lanata lo intentó, luchó valientemente por abrir la pantalla uruguaya a la verdad, pero finalmente fue linchado por los “intocables”. Él pudo darse ese “lujo”, sus demás colegas no tienen esa posibilidad, o dicen lo que les mandan o se quedan sin trabajo...

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2) JUAN RAÚL FERREIRA: EL ÚLTIMO "INTOCABLE"

MONTEVIDEO/URUGUAY/14.05.05/COMCOSUR AL DÍA - Cuando Juan Raúl Ferreira abandonó la embajada uruguaya en Buenos Aires, entre otras irregularidades se constató la ausencia de varias obras de arte que posteriormente fueron encontradas en lugares en los que no debían estar. Ferreira también está siendo investigado por la justicia por un presunto pedido de coima en una megalicitación que hizo el Banco de Seguros del Estado, y por favorecer a su asesor personal y amigo de todas las horas, Bernardo Berro.

La de Ferreira y Berro es una amistad estable y de larga data. El abogado era ya su suplente cuando Ferreira era diputado (1985-1989), y se lo llevó con él cuando fue designado director del Banco de Seguros del Estado. Según explicaba en junio de 2003 el dirigente bancario Hugo Pío a RADIO CENTENARIO, Berro era el único de los 15 abogados del Banco que estaba autorizado por el directorio para atender casos en el interior de la República y hacer juicios en nombre de la Institución.

Pío develaba entonces que en setiembre de 2003, “el Dr. Berro por sus honorarios cobró $ 174.510, cuando cualquier otro abogado cobra alrededor de $ 15.000 mensuales”. El dirigente agregaba que “en marzo cobró 101.603, en abril 152.360, en mayo 180.252, en junio 140.040, en julio 13.081 porque hay feria judicial, en agosto 103.319 por honorarios y 37.028 por viáticos haciendo un total de 140.347”. El dirigente explicaba que “en el caso de los viáticos se le paga más de $ 800 pesos por día, además de $ 3,40 por kilómetro recorrido”.

Para números más claros -agregaba Pío- solo el Dr. Berro cobra el 20 % del total que cobran todos los abogados super numerarios que son 143 en todo el país y que promedialmente en forma mensual cobran un millón de pesos entre todos. Solo el 15% de eso lo cobra el Dr. Berro, pero hay más, por una rendición de cuentas que hubo, la última, dice que los directores pueden contratar asesores y el Sr. Juan Raúl Ferreira ha designado asesor a su amigo, por lo que en el mes de junio -por ejemplo- Berro cobró $ 47.500, además de las cifras anteriormente mencionadas”.

LOS CHANCHULLOS DE LA ARMADA EN DICTADURA

PESCADOS Y PECES GORDOS

El libro del economista Miguel Carrió “País Vaciado, dictadura y negociados” (Ed. Monte Sexto – 1987), dedica un capítulo entero a los chanchullos de la fuerza de mar, y entre otras cosas revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí “un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, “La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado”. Al respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.

Pero Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A.” La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador señala que “ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran “obsoletas”. Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. “Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector,” decía la carta, y continuaba: “por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político.”

Un resumen del libro de Carrió se puede leer AQUÍ

LA MAFIA DEL FÚTBOL URUGUAYO

¡Caramba que pasa el tiempo! Ya hace más de nueve años que escribí el primero de los artículos que van a continuación, y sin embargo, al contrario de lo que podría pensarse, las cosas no están mucho mejor que entonces. Hay sí, más prolijidad para hacer las cosas, pero hay también varios casos sin resolver. Para leer este pequeño dossier, haga click AQUÍ

¿QUIÉN LE TEMÍA A SUSANA MANZUR ?

Como se lee, esta crónica periodística tiene más de seis años de publicada, y el crimen al que hace referencia fue cometido hace más de catorce. Cuando la escribí, se decía que la jubilación del juez que llevaba el caso podía dar pie a reacivar las investigaciones, por ese entonces prácticamente paralizadas durante ocho años. Sin embargo, ni se reactivó el caso, ni se investigó ni se supo más nada del asunto, y ya todos han olvidado todo, bueno, casi todos.

Casos "Manzur" y "Gonzalez": la justicia tarda... ¡pero tarda!
(Comcosur - Enero 8 de 2004)

El "pase a retiro" del Juez Jorge Imas puede significar la reactivación de las investigaciones en el caso del crimen de Susana Manzur, la funcionaria de la Presidencia de la República asesinada en 1996. La mujer, que tenía 38 años de edad al momento de su muerte, combinaba sus funciones en el Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República con el gerenciamiento de una Agencia de Modelos y la conducción de un programa radial nocturno. Había llegado hasta Casa de Gobierno desde la Dirección Nacional de Aduanas mediante sucesivos pases en Comisión; pasando por el Tribunal de Cuentas, la Prosecretaría de la Presidencia (primera administración Sanguinetti), y la Contaduría de la Presidencia, hasta anclar en dicho Servicio de Prensa y Difusión.

El 23 de mayo de 1996 (segunda administración Sanguinetti) fue encontrada en su apartamento del barrio de Pocitos, con una de sus piernas atada a la pata de un sofá, varias heridas de arma blanca en su tórax, y degollada... Al contrario de lo que se suele ver en la televisión, en lugar de aislar y preservar la escena del crimen hasta la llegada de los "detectives médicos," los policías pusieron "patas arriba" el apartamento "buscando pistas." En primera instancia descartaron el robo como móvil del asesinato, ya que no constataron la falta de valores pecuniarios. Sin embargo, investigaciones posteriores comprobaron que se había "vaciado" la computadora de Manzur y faltaban su agenda personal y una cantidad indeterminada de fotografías.

Allegados a la ejecutada declararon ante la Justicia que la mujer les había dicho que en caso de que "le sucediera algo" revisaran en su computadora, ya que allí "guardaba información muy importante de cosas que había descubierto." En esos días se rumoreaba que la Agencia de Modelos de Manzur era en realidad un servicio oficioso de prostitutas de alto rango que tenía como clientes a importantes figuras políticas, policiales, empresariales y diplomáticas. La desaparición de todos los elementos en los que podría estar registrada esta actividad impidió confirmar dicha presunción. En la época del crimen también se manejaba la hipótesis de que Manzur podría estar chantajeando a alguno de sus "clientes," pero las investigaciones han sido tan lentas, tan ineficientes, y tan secretas, que lo único cierto es la incertidumbre.

Los investigadores policiales encontraron restos de ADN en el cadáver de Manzur y en diversos lugares del apartamento. En su momento se comparó ese ADN con el de un oficial de policía sospechado de haber participado en el asesinato, pero el resultado fue negativo. Desde ese entonces hasta que se jubiló, el juez Jorge Imas no ordenó ningún otro análisis comparativo. El relacionamiento entre el juez Imas y la fiscal actuante, Mirta Guianze fue dificultoso desde el inicio de la indagatoria. Ello llevó a que la Fiscalía de Corte elevara a la Suprema Corte de Justicia un informe cuestionando la actuación del Juez en el caso. La curiosa respuesta de la Corte fue archivar el informe y trasladar a Imas a la Justicia Laboral. El magistrado no aceptó la "degradación" y optó entonces por jubilarse.

En su queja, Guianze informaba a la Fiscalía de Corte que el juez Imas entregó el expediente a la Policía, algo no sólo prohibido por el secreto de presumario, sino bastante inconveniente desde el momento en que varios funcionarios policiales están siendo investigados por su eventual responsabilidad en el asesinato. En su descargo, el juez Imas dijo que él, el expediente no se lo dió a los policías presuntamente involucrados, sino a los que estaban investigando el caso. Luego de más de cinco años de "congelamiento" de las investigaciones judiciales, a comienzos de 2001 Imas tomó licencia y su suplente, la jueza Marta Alvez, reactivó el expediente, aunque bajo un gran hermetismo. Alvez junto con Guianze tomaron entonces declaración a diferentes testigos, pero al retornar Imas a sus funciones informó a la fiscalía su intención de archivar el caso. Fue entonces que la fiscal presentó la queja que terminó con el retiro definitivo de Imas.

Las fuentes judiciales consultadas por la prensa en diferentes etapas de la instrucción siempre respondieron que la reserva con que se tomaron muchos testimonios se debió a lo delicado del caso y a la importancia de las personas que pueden estar implicadas. Esta circunstancia -afirmaron- genera temor en los testigos, por lo que algunos niegan saber algo del asunto y otros piden que sus nombres no trasciendan públicamente pues tienen mucho temor a eventuales represalias. Tal fue el caso del ex oficial de policía y guardaespaldas del presidente Julio Sanguinetti durante su primera presidencia (1985/90), Washington De María, quien años atrás se presentó ante el senador José Korzeniak (Encuentro Progresista) y dijo saber todo sobre este homicidio, pero luego no ratificó sus dichos ante la justicia ni volvió a hablar más del tema con persona alguna.

De María está preso sin condena desde hace más de diez años, acusado por el asesinato del empresario y contrabandista Luis Ernesto González en 1992. Según recuerda el escritor Enrique Ortega Salinas en su reciente libro "El pozo de Pandora," De María "lleva más de diez años en prisión, han pasado siete jueces por la causa y sigue sin condena." El investigador de este otro caso no resuelto opina que al ex guardaespaldas de Sanguinetti "le conviene que lo declaren culpable," ya que si fuera así, saldría en libertad por haber cumplido más de la mitad de la pena que se le podría aplicar.

De todas maneras, Ortega opina que para tener la certeza de que De María fue el asesino de González: "Faltan el arma, el móvil, la oportunidad, testigos confiables y acuerdo entre los mismos, y lo que es peor: acuerdo entre los mismos peritos, ya que un grupo lo salva y otro lo hunde. Ni siquiera ha habido acuerdo entre los mismos jueces; recordemos que la Dra. Schroeder lo liberó y encarceló a los policías actuantes. Sin embargo, hay tantas dudas sobre su inocencia como sobre su culpabilidad; de lo único que no hay dudas en este caso es de que hay dudas, y esto lo sabe cada integrante del Poder Judicial que actuó en el caso."

Según parece, Luis Ernesto González, dueño de un Free Shop de la ciudad de Rivera en la frontera con Brasil, se habría quedado con dineros de la mafia del contrabando, y al no poder devolverlos, fue ejecutado. Tras permanecer secuestrado varios días (presuntamente presionándolo para que devolviera lo hurtado), fue asesinado y su cuerpo depositado en un aljibe abandonado ubicado en la zona rural del departamento de Canelones en 1992. Según Enrique Ortega Salinas, de todas maneras lo más importante ahora "ya no es quién mató a González, sino quién ocupa su lugar en la cadena mafiosa de la cual era un eslabón importante."

Sobre esta cuestión, el escritor se remite a su libro anterior, "Las reglas de la mafia," donde explica claramente como funcionan las cosas en ese ambiente: "Cuando uno de los miembros se halla acorralado por la Justicia, la prensa o la parte honesta de la Policía, hay que sacarlo del medio; si ha hecho bien los deberes, se le hace desaparecer dejando un cadáver irreconocible en su lugar. Mas si ha traicionado el código de la "omertá" o ­caso del narcotraficante Omar Clavijo- actuado de manera desprolija, o ­caso de Luis Ernesto González- se ha quedado con lo que no debía, ya no se toman la molestia de buscar un cuerpo sustituto."

En lo que atañe a la situación de Washington De María, tras insistir en recordar que fue guardaespaldas del ex presidente Julio Sanguinetti, Ortega señala que "lleva más de 10 años en la cárcel, procesado sin condena; y esto es alarmante. Estamos hablando del sistema judicial del Uruguay, no es un Estado perdido en Africa o Asia. Uruguay es un país civilizado. Diez años y siete jueces. Como ha dicho alguien recientemente: la justicia tarda, pero... tarda. Y esto está por encima de De María; tiene que ver con que nuestro sistema jurídico necesita un cambio urgente, porque la justicia cuando es lenta, es injusticia." Finalmente, el escritor explica: "Para la mafia el caso González es sólo un episodio. La mafia sigue, los negocios siguen. Se entregan peones y alfiles para salvar al rey..."

EL GUARDAESPALDAS DEL PODER

Update al 04.03.11, click aquí

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL COMISARIO INSPECTOR ARTIGAS RIVERO BICA
Gustavo Stivokruig (Caras y Caretas)

En 1988 era subcomisario y se arrastraba entre los montes de Florida dedicado al abigeato y la faena clandestina de vacas y carpinchos, hasta que incursionó en el contrabando. Fue procesado con prisión, lo que no le impidió convertirse, años después, en guardaespaldas personal del entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre. Se le atribuye una fortuna de 10 millones de dólares obtenida a partir de operaciones ilegales y de una maquinaria de corrupción. Se llama Artigas Rivero Bica, pero es conocido en la región como 'El rey del contrabando de cigarrillos'.

Su captura está requerida por la Justicia argentina desde antes de que en Uruguay se solicitara su detención. El 28 de setiembre de 2000 fue acusado por el Juzgado Federal de la Provincia de Santa Fe de infringir los artículos 864 inciso A y 865 inciso A del Código Aduanero, lo cual se traduce en un delito de "contrabando calificado". Esto ameritó que el titular de la sede librara el oficio 572-00 para su detención dentro del territorio del vecino país.

Incluso esa misma sede dispuso en su momento que sus teléfonos fueran intervenidos, existiendo registros de las llamadas efectuadas y recibidas por él o por personas de su entorno en aquel país. Aquel 28 de setiembre, esa sede judicial también solicitaba la aprehensión de otro uruguayo, el salteño Sergio Eduardo Gazzave Dalandri, a quien se le conoce como 'El Pingüino'. Este conocido contrabandista local cayó en desgracia cuando la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comenzó a investigar las mafias locales que lucraban con el contrabando de cigarrillos. Gazzave fue apresado en Salto en poder de una fabulosa carga ilegal de cigarros.

Siete meses después de la medida adoptada por el juzgado santafesino, desde el Juzgado Penal de 17º Turno de Montevideo se emitía un pedido similar, pero a nivel tanto nacional como internacional. Está claro que en estos dos países tiene cuentas pendientes, y de acuerdo a dónde sea detenido en primera instancia, luego deberá afrontar un pedido de extradición por el otro Estado que lo reclama.

Sin embargo, desde que se lo considera prófugo hay información concreta sobre entradas y salidas en ambas márgenes del Plata, ya sea de manera legal o ilegal. Quienes lo investigan en cualquiera de las dos orillas, aseguran que posee contactos en distintas reparticiones policiales que le garantizan libre circulación y protección. Varias veces estuvo a punto de ser apresado, pero misteriosamente, minutos antes de que sus captores le pusieran las manos encima, Rivero recibía un dato y se 'mandaba a mudar'.

Una situación como la recién planteada se vivió en junio de 2002, precisamente en Santa Fe. La Policía local tuvo datos sobre su paradero en una finca de la ciudad, pero cuando los funcionarios arribaron sólo pudieron confirmar que, efectivamente, Rivero había estado allí.

HÁBIL DECLARANTE

En octubre de 2000, unos seis meses antes de librar la orden de captura nacional e internacional, la por entonces jueza penal Ana Lima, a cargo del Juzgado Letrado de 17° Turno, resumía cuál era la maniobra por la cual se investigaba al oficial superior de la Policía Nacional. Para esa fecha, Rivero hacía trece meses que gozaba de un pase en comisión en la secretaría del diputado Gustavo Borsari, a la cual nunca concurría, según los documentos en poder de CARASyCARETAS.

En el marco de las indagaciones, la magistrada a cargo de la causa remitió un oficio a las autoridades del Banco de Crédito, con el fin de establecer la operativa del sospechoso en dicha institución bancaria. Ese mismo oficio fue enviado a otros bancos, como el propio Banco República. A cada uno de los remitentes le pedía levantar el secreto bancario contra determinada cuenta, contra la cual aparecían cheques librados por el comisario inspector o por sus socios.

En el caso del Banco de Crédito, el cheque en cuestión era el 259.747 de la cuenta 0001035370032. La doctora Lima fundamentaba su decisión en virtud de que procuraba esclarecer el circuito de "maniobras de tráfico ilícito de cigarrillos y otras mercaderías por las que se estarían utilizando zonas francas y documentación aduanera que se encuentra formalmente en orden, cubriendo el tipo de mercadería y el efectivo ingreso y egreso de la misma al país". Todos los oficios librados tuvieron su respuesta, y entonces la titular del expediente pudo avanzar en las pesquisas.

En la búsqueda de información en torno al individuo, diligencia a cargo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), han sido varias las sorpresas. Pero hay un patrón común: Rivero no aporta toda la información sobre sus bienes y cuentas bancarias a la hora de realizar declaraciones juradas, ni siquiera aquellas que se atribuye públicamente en torno a su actividad empresarial. Pero afirma poseer recursos suficientes para hacer frente a garantías en el marco de operaciones de exportaciones.

Por ejemplo, el 15 de junio de 2000, cuatro meses antes de que Ana Lima pidiera información a los bancos, Rivero efectuó la declaración jurada que, como funcionario público que era, estaba obligado a realizar. De este modo asegura subsistir con un sueldo de 10.500 pesos, más cuatro mil pesos provenientes de rentas. Afirma también "no poseer cuentas bancarias, ni activos", tal como surge de los documentos a los que accedió CARASyCARETAS.

LA OTRA CARA

Sin embargo, para esa fecha y en posteriores, Rivero poseía al menos una empresa, denominada en este caso Establecimientos Indios del Sur (Indesur SA), muy conocida en los círculos rurales y ganaderos. A tal punto, que esta firma auspició una Expo Rural a finales de los noventa, apareciendo su logo junto al de otros anunciantes. De los documentos comerciales de dicha empresa se desprende que la misma tiene o en algún momento tuvo varias propiedades en la capital y en el interior.

En registros relacionados con la venta de lana por parte de Indesur SA se consigna el 8 de diciembre de 2001 una transacción con Atops Fray Marcos SA (compradora), cuyo domicilio comercial es en Garibaldi 1767 (Montevideo). Pero un año y medio antes, el 16 de mayo de 2000, aportaba como domicilio la calle Franzini 944, esta vez ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Estos dos inmuebles se ubican en Montevideo. También sería dueño de dos vehículos: una Toyota Ranger y un Ford Escort.

Pero ya en 1998 Rivero presentaba garantías mucho más solventes ante el Banco de Seguros del Estado (BSE), institución en la que depositaba o presentaba garantías para cubrir los movimientos de exportación que realizaba. El 10 de diciembre de aquel año (diez años después de que fuera hallado entre los matorrales de Florida cazando carpinchos), ante escribano dio fe de poseer, entre otros, los siguientes activos: campo en Florida por 260 mil dólares; casa en Besares Irigoyen 5994 (capital) por valor de 450 mil dólares, y 1.400 cabezas de equinos. En esa fecha, el comisario inspector acreditaba ser poseedor de activos por 1.230.000 dólares, mientras que su pasivo se reducía a 10 mil dólares, por una deuda con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Por otro lado, en los archivos del banco asegurador del Estado se descubre que entre diciembre de 1998 y junio de 1999 Artigas Rivero depositó en carácter de seguros de fianzas las siguientes sumas en Bonos del Tesoro: 90 mil dólares el 28 de diciembre de 1998; 50 mil dólares el 4 de marzo de 1999; 50 mil dólares el 15 de junio de 1999, y otros 50 mil dólares el 23 de junio de 1999.

¿LAVADO DE DINERO?

Si bien hasta el momento las conclusiones judiciales no pueden afirmar que exista blanqueo de activos realizado por el investigado, la sospecha existe y es fuerte. Las fuentes consultadas señalaron la dualidad de no dar cuenta de bienes en sus declaraciones juradas, a pesar de los registros existentes. Teniendo en cuenta los activos consignados y los Bonos de Tesoro entregados al BSE (los cuales le habrían sido devueltos al margen de la ley), no es fácil imaginar el volumen de dinero que el policía manejaba. La situación que se describe a continuación sirve como demostración de la realidad que advierte la Justicia y la Policía.

El escenario fue la Avenida José Belloni 4296, donde el BROU tiene su agencia de Piedras Blancas, que lleva el número de código 193. Allí se comprobó que Rivero Bica tenía la cuenta 193 0016059 (Caja de Ahorros). El 29 de noviembre de 1999, meses después de estar en comisión en el despacho de Borsari, hubo un retiro de 200 mil dólares de dicha cuenta. Eran las 16.10 de aquel día cuando la transacción quedó completada. ¿De dónde sacaba un oficial de policía con antecedentes penales tanto efectivo?

La respuesta, de acuerdo al expediente 9123/01, se encuentra en maniobras de contrabando sólo posibles si se cuenta con la complicidad de funcionarios aduaneros y policiales, y eventualmente también de autoridades y políticos. ¿Qué fin le daba Artigas Rivero al dinero? La respuesta más inmediata es la inversión y el mantenimiento de un elevado nivel de vida. Pero lo que se procura establecer es si ese dinero también servía para pagar favores o blanquear fondos provenientes de ilícitos.

CRUZANDO LA LÍNEA DE LA LEGALIDAD

Artigas Rivero nació el 18 de mayo de 1957. En su juventud concurrió a la Escuela Nacional de Policía, de donde egresó como oficial subayudante. Luego ascendió a oficial principal y más tarde, en 1988, con 32 años, ya era subcomisario. Su realidad económica no parecía ser la mejor y, junto al por entonces oficial principal Pablo Porto, decidió cruzar la delgada línea de la legalidad.

Se dedicó a la caza furtiva, el abigeato y la faena clandestina. Carpinchos, vacas y todo bicho que caminara y fuera redituable en el mercado negro caían en la mira de la pareja. Una serie de denuncias presentadas por los damnificados ante la Policía de Florida determinó que las víctimas eran objeto del accionar de la misma banda. Las pesquisas fueron exitosas y los responsables resultaron capturados.

El 12 de febrero de aquel año, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de Florida, fueron procesados con prisión por un "delito de contrabando en reiteración real con un delito continuado de abigeato que concurre fuera de la reiteración con un delito de faena clandestina". Dos años y seis meses de penitenciaría, más las accesorias del caso, fue la pena fijada. Entonces Rivero inauguró su prontuario, que lleva el Nº 9131, según los registros de la Dirección Nacional de Policía Técnica, cuyo personal le tomó la clásica foto antes de ser puesto tras las rejas.

Pero la suerte estaría de su lado. Antes de cumplir la totalidad de la pena prevista, Rivero logró la libertad por gracia y posteriormente se salvó de ser expulsado de la Policía Nacional, cuando el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Andrés Ramírez, dispuso que fuera sometido al Tribunal de Honor de la Región Policial Nº 1. Tres inspectores integraron el jurado cuyo fallo, para ser homologado, tenía que ser unánime. Aquella instancia concluyó que Rivero había incurrido en "faltas gravísimas", lo cual determinaba su baja y la pérdida de los beneficios jubilatorios. Pero ante esta posibilidad el tribunal tardó en expedirse y se fueron venciendo los plazos legales, debiéndose conformar un nuevo triunvirato.

El nuevo integrante del jurado fue el inspector Guinares, con cuyo voto se obtuvo la mayoría de tres para desechar el mérito de destitución. Sin embargo, su amigo Porto no tuvo en un principio la misma fortuna. Su situación siguió corriendo por los caminos judiciales, hasta que en 1995, ya en libertad, recayó sobre él la sentencia definitiva de primera instancia, apelada por su defensa.

CONFESIÓN DE PARTE

La apelación de Porto recayó en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno, integrado por los doctores Gervasio Guillot, Eduardo Lombardi e Irma Alonso. Y quien fuera posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillot, fue el ministro redactor de la confirmación de la sentencia. El destacado jurista es en la actualidad el defensor del prófugo José 'Puchi' Rohm.

Para confeccionar su sentencia, la N° 82 de 1996, Guillot se basó en la vasta prueba aportada por el otro implicado: "El copracesado (hoy sobreseído por gracia) Artigas Rivero es muy explícito al narrar que las actividades de la pareja [...] se iniciaron con la caza furtiva de carpinchos y ciervos. Fue para realizar la cacería que Rivero y Porto viajaron a la ciudad de Livramento (Brasil) y adquirieron la camioneta Fiat 147 a la que sustituyeron sus chapas de matrícula originales por otras apócrifas, y así poder circular libremente por el territorio nacional transportando las piezas capturadas".

En otro pasaje Guillot evoca la confesión de Rivero: "Posteriormente, una noche de infructuosa cacería por ausencia de las especies buscadas,'[...] y como había animales por allí muy mansitos, se nos ocurrió la idea del abigeato' [...]". Pero más allá de estas confesiones delictivas, los infieles policías tendrían finalmente una salida más que elegante a tan penosa descripción. Gonzalo Aguirre, en su calidad de abogado defensor, entabló juicios contra el Estado y logró que se reincorporaran a la fuerza y que fueran resarcidos económicamente. Porto obtuvo su reingreso en 2001.

AVE FÉNIX

A pesar de que, tiempo después de ser procesado, la Justicia le otorgaría la libertad por gracia, la situación de Rivero en el interior de la fuerza no era la mejor cuando a principios de la década del noventa Luis Alberto Lacalle asumió como presidente y Gonzalo Aguirre como vicepresidente. Pero después de los primeros años del gobierno blanco, un nuevo golpe de suerte transformaría definitivamente la vida de Artigas Rivero.

En uno de los resúmenes del caso, encargados por la jueza Ana Lima y que figuran en el expediente, se sostiene que "en el año 1988 estaba urgido económicamente dedicándose a una actividad ilícita menor. A partir de los años 1994 y 1995 la situación cambia sustancialmente. En esa misma época es nombrado custodia del vicepresidente de entonces, Gonzalo Aguirre. Rivero Bica habría tenido amistad con la esposa de Gonzalo Aguirre, desde antes que ambos se casaran, cuando ella era funcionaria policial".

Resurgido de entre las cenizas, Rivero entendió que era impune y regresó 'a la escena del crimen'. Y, como dice la máxima policial, cayó en un error imperdonable. Haciendo gala de su poder, se estableció en Florida y comenzó a arrendar unos campos ubicados en la zona conocida como Paraje Mansa villagra, a orillas del arroyo Arrayán. En principios fueron 416 las hectáreas que habría arrendado, hasta que en 1996, alentado por los avances económicos, decidió dar el gran paso. Ya nada quedaba de aquel cazador furtivo y ladrón de ganado que se arrastraba entre las chircas floridenses en busca de su presa.

Ahora Rivero tenía poder y dinero. Fabricó la sociedad anónima Indesur SA, cuyos estatutos fueron creados el 21 de marzo de 1996. Su primer socio fue otro policía, oriundo de Cerro Largo. Se trata de Alfredo Leles Silva Montero, según consta en la causa, quien dos años después sería procesado por "abuso de funciones". Los registros del Banco de Previsión Social evidencian que en la primera etapa Indesur estaba a nombre de Rivero y Silva.

LAS VAQUITAS (NO) SON AJENAS

Si bien la empresa del policía parecía haber nacido para las actividades ganaderas, pronto sumó rubros. Su desempeño en la órbita de Presidencia le facilitó entrar en contacto con muchas personas influyentes, que lo decidieron a probar suerte con la importación de mercaderías varias, preferentemente cigarrillos.

"Traía contenedores de cigarrillos desde el puerto chileno de Iquique. La mercadería ingresaba por Fray Bentos y saldría, según los papeles, por Río Branco, pero quedaba en Montevideo para ser distribuida," De acuerdo con las investigaciones, ésta era la operativa de Indesur. Los cigarrillos arribaban al país en calidad de tránsito, siendo los principales supuestos destinos dos zonas francas de Bolivia. Una de ellas es la San Matías SA ubicada en Santa Cruz, fronteriza con la ciudad de Cáceres en Brasil. La otra, Puerto Aguirre, también se encuentra instalada en la frontera con Brasil.

Pero la información aportada a la Justicia uruguaya por ambas instituciones bolivianas indica que con ellas nunca operó una empresa uruguaya de nombre Indesur, y que por ende nunca recibieron los embarques que los Documentos Únicos Aduaneros exhibidos en Uruguay aseguran que hacia allí se dirigieron las cargas.

Efectivamente, los registros de movimientos de Indesur muestran un flujo comercial importante hacia esas zonas francas, al punto que sólo en dos años se realizaron transacciones en el orden de los seis millones de dólares. Los cigarrillos eran principalmente volcados por contrabando a Argentina y, eventualmente, a Brasil. En los puestos fronterizos por los que la mercadería salía, eran alterados para disfrazar la ilegalidad.

Una vez en territorio argentino, en algún punto de alguna ruta, los cigarros eran descargados y el camión seguía su marcha hacia un destino inexistente. Por maniobras idénticas a esta fueron procesadas más de cuarenta personas en Rivera entre policías, aduaneros, empresarios y militares. Por otro lado, el gobierno argentino de Néstor Kirchner intervino varias aduanas en su país, entre ellas las que tienen frontera con Salto y Fray Bentos.

El titular argentino de la Aduana, José Sbatella, explicó en octubre de 2003 que se detectaron "operaciones sistemáticas de contrabando" en la región, que en su parte medular consistían en la adulteración de documentos para declarar otra carga que la real y por valores que nunca superaban el 10 por ciento verdadero.

LA BASE OPERATIVA

Como se ve, Indesur es el eje de las investigaciones. Los campos que en 1994 Rivero comenzó a arrendar pasaron a propiedad de dicha empresa a partir de 1997 y hasta 1999. La última adquisición habría sido el 23 de noviembre de ese año, un mes después de ser asignado a la secretaría del diputado herrerista Gustavo Borsari.

En esa ocasión habría adquirido 700 hectáreas, a un precio de 650 dólares cada una. La operación se concretó en efectivo, debiendo desembolsar 'el guardaespaldas del poder' la friolera de 450 mil dólares. La estancia del policía consta de unas 1.100 hectáreas. Cuando comenzó la compra de los campos inició paralelamente una serie de reformas y mejoras, que incluyeron el realambrado de los mismos, refacciones en la vivienda, construcción de una piscina y un garaje subterráneo, así como una caballeriza y un chalet.

El palacete de Rivero era punto de reunión de altos oficiales de la Policía Nacional, principalmente de la Jefatura de Policía de Montevideo, que llegaban hasta el paraíso de Rivero para participar de reuniones de camaradería. Será difícil comprobar si, además, aprovechaban el tiempo para definir la interna policial o concretar negocios. Lo cierto es que las pocas temporadas que Rivero pasaba en Uruguay estaba rodeado de buenos e influyentes amigos.

Cuando comenzó a ser investigado en 2000, los amigos dejaron de asistir a la estancia El Arrayán, ubicada en el kilómetro 32 de la Ruta 41. Sin embargo, no dejaron de brindarle su amistad, la cual se traduciría en la filtración de información sobre las pesquisas, lo cual le permitió realizar algunas operaciones para intentar desvincularse de Indesur y, fundamentalmente, escapar del país. Esas mismas amistades serían las que actualmente le permitirían ocasionalmente ingresar al país sin levantar sospechas y salir cuando el riesgo se acercaba.

Y en diciembre de 2000, cinco meses antes de que se solicitara su captura, Rivero pasó la sociedad que estaba bajo la mira a su socio argentino Darío Rubén Ippolito Ruani, según consta en acta notarial del 8 de enero de 2001. Pero, según se desprende del expediente judicial, durante los años que ostento "inmunidad", ya sea durante su paso por Presidencia como en el Parlamento, el 'guardaespaldas del poder' dejó muchas pruebas sobre su conducta, contraria a la de un comisario inspector de la Policía Nacional.

EX SECRETARIO DEL DIPUTADO GUSTAVO BORSARI
SUPREMA CORTE ARGENTINA HABILITÓ A SEGUIR CON SU EXTRADICIÓN
Federico Gyurkovits (La Diaria – 12.11.09)

El ex comisario inspector Artigas Rivero Bica tuvo un nuevo revés judicial en la vecina orilla, en donde fue detenido hace dos años, acusado por maniobras de contrabando en ambas márgenes del Plata. El máximo órgano judicial de Argentina rechazó un recurso interpuesto por la defensa y le dio vía libre para que el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral decida el destino del ex asesor de seguridad del diputado herrerista Gustavo Borsari.

Desde 1988 la vida de Rivero ha oscilado mucho. Fue policía, se convirtió en delincuente y conoció de cerca el otro lado de la ley. Después fue guardaespaldas del vicepresidente de la República, tuvo un período de cuatro años como asesor en materia de seguridad en el Parlamento, hasta que a fines de 2001 se dio a la fuga de Uruguay. Funcionarios de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) estaba a punto de capturarlo, tras comprobar que durante todos esos años el hombre había seguido asociado al delito.

Casi seis años después de haber sido librada una orden de captura internacional por el Juzgado Penal de 17º Turno, se produjo su detención, el 10 de mayo de 2007 en Argentina. A más de dos años de aquella instancia, que estuvo a cargo de Interpol, parece que los plazos procesados se van acortando y, de acuerdo con la información recabada por la diaria, es probable que Rivero finalmente regrese al país para enfrentar a la justicia por delitos de contrabando, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El 23 de junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los argumentos planteados por Rivero -mediante su abogado Pedro Pablo Pusineri- alegando que no era procedente la extradición de su cliente. El “recurso de hecho” -así se denomina el mecanismo activado por la defensa- recorrió todos los tribunales hasta llegar al máximo órgano, que calificó de “inadmisible” el planteo, antes de devolverlo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Canicoba. Fuentes cercanas al caso estimaron que, en caso de que el magistrado finalmente resuelva entregar al imputado a la justicia uruguaya, la acción puede concretarse antes que termine el año.

Sin embargo, de este lado del río, en el Juzgado Penal de 17º Turno no se tiene conocimiento de la última decisión de la Corte Argentina. Sí se enfatizó que el expediente está prácticamente paralizado desde 2001, ya que, si bien hay otros sospechosos e implicados, sólo Rivero tiene una situación comprometida desde el punto de vista procesal, al tiempo que es el único que puede destrabar algunos de los misterios que su ausencia mantiene a salvo.
El poder, el poder

Entre 19 y 20 de julio de 1989 tuvo lugar la 20ª sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Eran tiempos en los que Luis Alberto Lacalle corría con viento a favor para convertirse en el sucesor de Julio María Sanguinetti. Meses después lo lograría.

En aquella instancia parlamentaria, los legisladores del Partido Nacional le plantearon, entre otras, las siguientes preocupaciones al entonces ministro del Interior, Antonio Marchesano: “I) Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad individual ante el notorio incremento de la delincuencia en el país. II) Participación de algunos miembros del cuerpo policial en recientes hechos delictivos”. Uno de los protagonistas fue Alberto Zumarán. Entre los temas marcados por el legislador, hubo una parte dedicada a la corrupción policial.

“Otro caso que se inscribe en la temática de lesionar la disciplina y el principio de autoridad del Instituto Policial, se produce en la Jefatura de Policía de Florida. Luego de reiteradas denuncias, el señor subjefe, inspector Presa, detuvo al subcomisario Artigas Rivero y al oficial Manuel Porto. A ambos se les incautaron diversos objetos ilícitos. Una vez remitidos a la justicia, fueron procesados por abigeato y contrabando. No sólo no se les formó Tribunal de Honor, sino que cuando recuperaron su libertad, el ministro los reincorpora al servicio. El subcomisario Artigas Rivero pasa a la Seccional 21ª y el oficial principal Manuel Porto a la 8ª. Dada la resistencia que esto produjo en el departamento de Florida, ambos pasan en comisión a Institutos Penales”.
Espalda con espalda

Menos de un año después, las oscilaciones de la vida hicieron que Artigas Rivero se convirtiera en el guardaespaldas del entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, quien años después se convirtió en defensor de Porto contra el Estado, ya que en 1997 fue dado de baja tras un nuevo procesamiento (encubrimiento del crimen de la joven Sheyla López en Rivera). Los buenos oficios del abogado Aguirre hicieron que en 2001 recuperara su puesto y cobrara los salarios que no había percibido. Cuando Lacalle y Aguirre terminaron su mandato, tampoco Rivero quedó a la deriva. En 1997 Borsari lo acogió en su despacho como asesor en materia de seguridad, aunque casi nunca iba a trabajar (Rivero), tal como en su momento lo reconocieron otros allegados al legislador herrerista. Y meses después de que Porto volviera al Estado, su socio en el crimen (Rivero) lo abandonaba ante la inminencia de su captura. Fue en diciembre de 2001 cuando se conocieron sus vínculos con el contrabando y con Borsari. Semanas antes de fugarse -como el propio ex policía lo reconoció en una entrevista desde la clandestinidad con Caras y Caretas- le notificó a Borsari que abandonaría el trabajo.

Durante su período en el Parlamento, los investigadores de la DGRTID pudieron demostrar que el patrimonio de Rivero había crecido estrepitosamente hasta ascender a unos 10 millones de dólares, incluyendo una estancia de mil hectáreas en Florida, varios vehículos y cuentas bancarias bien nutridas. Todo eso gracias a dominar una tajada importante del contrabanado mercosuriano. Cuando el caso Rivero cobró estado público, Borsari se mostró sorprendido, dijo que no estaba al tanto de la vida privada de su secretario y que con él “se desempeñaba como con Gonzalo, correctamente”. También dijo que antes de sacar conclusiones había que dejar trabajar a la justicia sin interferir con esa tarea.

MUCHO SOSPECHOSO PERO NINGÚN CONDENADO

El crimen se cometió a mediados de junio de 2009. Hasta la fecha no ha sido encontrado el asesino

EL ASESINATO DE FREDDY
SU ESCRIBANO PROCESADO POR FALSIFICACIÓN

Negocios de Cabot son la pista central en el asesinato
Investigación. Sin indicios de los homicidas
Renzo Rossello (El País)

El homicidio del economista Eduardo Alfredo Cabot está plagado de incógnitas. La Justicia pone el foco en su actividad profesional. En ese marco ya procesó a dos colaboradores de Cabot. Pero continúa sin haber pistas de los asesinos. La primera novedad del caso surgió en el Juzgado Penal de 16° Turno, del juez Néstor Valetti. Un escribano y una gestora que trabajaban con Eduardo Alfredo Cabot (43) fueron procesados por falsificación de certificado público. "Al revisar la documentación se constató la intervención del profesional en casos que traían firmas de personas que encabezaban sociedades, pero que el escribano reconoció nunca haber visto", indicó una fuente judicial.

El delito, menor en comparación con el desenlace trágico del que fue víctima Cabot, parece apuntar empero al aspecto que más preocupa tanto a la Justicia como a los investigadores de la División Homicidios: los negocios en los que participaba el economista. El profesional fue hallado muerto con tres disparos en su apartamento del edificio Gaudí, sobre la calle Gaboto casi Guayabo, en la noche del jueves. Su novia, una joven colombiana, fue quien hizo el descubrimiento. Cabot presentaba tres heridas, dos en el tórax y una en el abdomen. Y también una herida defensiva, ya que uno de los disparos que impactó en el tórax le atravesó una mano.

Ni los vecinos, ni el portero del edificio vieron o escucharon nada. Robaron una laptop y una torre de computadora, así como los celulares de Cabot. Sin embargo nadie vio salir a ninguna persona cargando estos objetos fuera del edificio. Una interrogante que ahora desespera a los investigadores. Incluso no se descarta que el o los homicidas pudieran haber ocultado lo que robaron en algún sitio del edificio hasta que el portero se retiró al cumplir su turno. Pero ello queda acotado por la hora en que la novia de Cabot descubrió el crimen, las 21.15 según consignó la Policía. ¿Dónde estuvo el escondite? Es otra de las tantas preguntas que por ahora nadie parece capaz de responder.

NEGOCIOS

Fuentes de la investigación señalaron que muy posiblemente se pida el apoyo de la Secretaría Antilavado de Activos. Las actividades de Cabot despertaron suspicacias. Cabot, alejado de los medios donde se le conoció hace poco más de una década simplemente como "Freddy Cabot", se dedicaba de lleno desde hacía unos cuatro años a gestionar su empresa International Business Consulting (IBC), como asesor de inversiones. Diego Rodríguez, de la firma Dimensiones Digitales, fue quien diseñó su página web. "Me parece increíble lo que pasó, además de ser un cliente era un amigo", comentó el joven empresario.

Cabot había creado su dominio en Internet en septiembre de 2006. Según los datos que maneja Dimensiones Digitales era una página con un considerable número de visitas: un promedio de 5.000 por mes. "Sé que trabajaba con muchos clientes del exterior, de Estados Unidos, de Europa y de México", apuntó el diseñador web. IBC ofrecía servicios de asesoramiento en el mercado inmobiliario, inversiones de capital, ingeniería patrimonial, finanzas corporativas y su producto más reciente: Forex, inversión en mercados de capitales. Según indicó Rodríguez, el economista recibía consultas en forma constante y de acuerdo con su impresión personal, Cabot tenía éxito en los negocios que venía desarrollando.

Mediático
A su modo, Freddy Cabot, comenzó a cosechar éxitos de muy joven, aunque no como economista. Comenzó con el programa Gente Récord en la FM del Molino, de Pando. En esa época también tuvo éxito como organizador de bailes, en el club Urupan de Pando llegó a tener llenos de 6.000 personas. Por momentos fue un verdadero rival del popular conductor Abel Duarte, quien aún lo recuerda con simpatía como alguien "que lo imitaba perfecto". Más adelante, a mediados de la década de 1990, llevó su programa "Gente Récord" a Canal 5, con un estilo similar al del argentino Marcelo Tinelli. De hecho se le llamaba el "Tinelli uruguayo" en esa época.

YA HAY UN SOSPECHOSO DEL CRIMEN DE FREDDY CABOT
ANALIZAN DOCUMENTOS HALLADOS EN EL APARTAMENTO
(Últimas Noticias)

Las autoridades buscan a un sospechoso en torno al crimen del economista Eduardo Alfredo Cabot. Esto se desprendería de las pericias realizadas en una computadora portátil ubicada en el apartamento de la víctima, que el asesino no logró llevarse. Mientras tanto, todo indica que la muerte "Freddy" Cabot (43), que hace años fue conductor de un programa de televisión, se produjo en el curso de una pelea tal como se aprecia en los golpes que presenta el cuerpo de la víctima y el desorden constatado en la vivienda.

Al analizar la documentación hallada en el lugar, los pesquisantes indagaron a varios profesionales relacionados con el trabajo que desarrollaba Cabot. De esta labor se detectaron ciertas irregularidades que provocaron las detenciones y sometimiento a la Justicia de un escribano y una gestora que fueron procesados sin prisión por el cargo de "falsificación". El móvil del crimen permanece incierto ya que por un lado se especula con la posibilidad que esté relacionado con sus negocios de manejo de dinero, incluso el día de su muerte al parecer había retirado una importante suma, pero por otra parte no se descarta algún tema personal.

Cabot fue visto por última vez a la hora 18.30 del pasado jueves, según indicó una persona que se desempeña en el estacionamiento donde aquel guardaba sus dos vehículos. Estaba de buen humor y se dirigió hacia su apartamento ubicado en el edificio situado en Gaboto casi Guayabo. Cabe señalar que la entrada de ese inmueble posee rejas, portero eléctrico y también un empleado encargado de la portería. Este último no vio nada, lo que significaría dos cosas: Cabot fue sorprendido cuando estaba por penetrar al edificio y así no tuvo más remedio que permitir la entrada de quien luego lo asesinó o por el contrario, lo conocía y le franqueó el ingreso.

Basándose en esta última hipótesis, se habría suscitado una discusión y posterior pelea en el curso de la cual el economista recibió cinco disparos. Dos de ellos están en sus manos y claramente son defensivos mientras que otros dos lo alcanzaron en el tórax y el restante en el abdomen. Los proyectiles son de calibre 22 y de acuerdo a la pericia técnica fueron disparados a corta distancia por un rifle.

Al comprobar que su víctima estaba sin vida, el homicida se dedicó a registrar el apartamento, llevándose dos torres de computadora, una laptop, su agenda y dos celulares. Evidentemente no quería que quedaran elementos que permitieran a la Policía llegar a identificarlo. Sin embargo, el asesino no logró llevarse otra laptop que la víctima tenía en su domicilio. Los funcionarios de Homicidios trabajan sobre una firme pista y tendrían el nombre de un sospechoso que era es buscado. Se presume que con ese dato podría esclarecerse lo sucedido o por lo menos avanzar enormemente en la investigación.

UN SUICIDIO CONSUMADO COMO UN CRIMEN

El próximo mes de julio se cumplirán nueve años de la muerte del comisario Carlos Aguirre, y todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Aquí mi nota de aquél entonces, y las notas que sobre la continuación de este caso he podido encontrar en la web.

ATRIBUYEN A SUICIDIO MUERTE DE COMISARIO-PERIODISTA

MONTEVIDEO, URUGUAY, 21/07/01 (COMCOSUR AL DÍA) A nueve días de su desaparición, el pasado jueves fue encontrado el cuerpo sin vida del comisario Carlos Delmiro Aguirre, de 44 años, jefe de la oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Paysandú, quien además se desempeñaba como periodista en una radio local. Su cuerpo fue hallado en el arroyo Negro, a pocos metros de donde fuera encontrado el auto de su propiedad horas después de su desaparición, y en un lugar que había sido infructuosamente rastrillado con detenimiento por un centenar de efectivos policiales y navales hace pocos días. De acuerdo a lo dictaminado por la autopsia, la causa de su muerte fue una bala de su revólver, con orificio de entrada detrás de su oreja izquierda y salida en la parte superior derecha de la cabeza.

El médico responsable de su autopsia, Alberto Zinno, señaló al diario "El País" de Montevideo, que aunque el presente no es un tiro suicida habitual, se debe considerar que el comisario manejaba el arma con ambas manos y que acorde al estallido y a la marca en el hueso del cráneo, se trataría de una bala de calibre 9 milímetros, lo que coincide con las dos armas que el policía tenía a su nombre. Asimismo, explicó que la baja temperatura y el hecho de que la muerte fuera causada por el arma y no por inmersión (el aire introducido por la diferencia de presión en un ahogado acelera la salida del cuerpo a la superficie), conspiró para que su cuerpo tardara tantos días en hacerse visible. Afirma que todo indica que Aguirre habría ingresado al arroyo y -una vez bajo el agua para que no se escuchara el estampido- se disparó (¿de la manera más incómoda posible?).

Según indicaron fuentes policiales, las características que rodean la aparición sin vida del jerarca, confirmarían el suicidio, tal cual había sido presumido desde un principio en base a una investigación administrativa y otra judicial. Así habría sido planteado por las innumerables personas que fueron indagadas y así también lo habría dejado escrito el mismo Aguirre, en dos archivos informáticos descubiertos hace pocos días en su lugar de trabajo (el último fechado 24 horas antes de su desaparición). En ellos relata significativos episodios de su vida, su desesperación por una situación sentimental que no podía resolver, así como el estado depresivo que lo aquejaba y que era desconocido para todos. Pocas horas después de ser hallado, el cuerpo de Aguirre fue sepultado en el cementerio local. Fuentes policiales indicaron que el caso fue caratulado como suicidio y quedó oficialmente cerrado. Sin embargo, la justicia continuará investigando, mientras la Policía abocará sus esfuerzos a encontrar el arma utilizada.
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La muerte del comisario Aguirre: suicidio consumado como crimen
A un año, los familiares reclaman investigación por policías de otro departamento
(La República)

A medida que pasa el tiempo surgen nuevos detalles sobre el contexto que rodeó la muerte del comisario Carlos Aguirre en Paysandú, que para la Policía local se trató de un suicidio, aunque no haya aportado ninguna prueba contundente y por el contrario manejó datos no confirmados en el expediente.

Como todo caso de suicidio aparente, el hallazgo de cartas en las que el individuo expone sus motivos parece cerrar el círculo. Varios días después del fallecimiento fue hallado un disquete de Aguirre con una carta a modo de despedida. Sin embargo existen elementos de peso para pensar que esos archivos no fueron creados por el oficial sanducero. ¿Entonces por quién?

Quizá de confirmarse la falsedad de dicha misiva y estableciéndose el responsable de esta maniobra, la investigación que sigue la Justicia podría encaminarse. Fuentes policiales consultadas por LA REPUBLICA dijeron que, más allá de las dudas fundadas que existen sobre la carta, resulta extraño que Aguirre, un sagaz investigador, hubiera querido complicar la investigación de su muerte en el caso de que finalmente se trataba de suicidio lo que quiso hacer parecer un crimen.

La afirmación está relacionada con la ausencia de un texto manuscrito, que tanto Aguirre como cualquier policía sabe que es fácil de comprobar si la letra se corresponde con el autor. De acuerdo a la información recabada y a las fuentes consultadas, parece que el comisario Aguirre, en la hipótesis de la autoeliminación, hubiera cuidado hasta el más mínimo detalle para que pareciera que lo asesinaron.

Puntos negros

La hipótesis suicida sustentada desde minutos después de su desaparición por el jefe de Policía de Paysandú, inspector Jorge Santos Vissio, está basada en infinitos elementos que harían dudar a cualquier investigador. En este sentido, las fuentes dijeron que, sin jugarse por una u otra posibilidad, existen muchos puntos a investigar para despejar dudas. La Policía local nunca lo hizo, a pesar de que el fallecido era uno de los mejores cuadros de la institución.

Por ejemplo el hecho de que siendo diestro, el orificio de bala que acabó con su vida esté en el lado izquierdo, y, en una forma inusual, del lado posterior de la cabeza con salida por la frente. Sus armas nunca fueron halladas y por el contrario apareció un calibre 22 requerido por hurto desde la Jefatura de Tacuarembó. Hay un testigo potencial que reconoce el arma y al que Aguirre en algún momento se la mostró. Sin embargo esta persona nunca fue indagada.

A poco de desaparecer el comisario, la noticia recorrió el país en pocos minutos y desde el comando policial sanducero se emitió una hipótesis que luego se convirtió en la explicación de la muerte. "Seguramente se suicidó acosado por la doble vida que estaba llevando y a raíz de sus profundas convicciones morales buscó un lugar apartado y de difícil acceso para no ser encontrado". Esto repetían las autoridades policiales, tal como lo reflejaron los medios en la época.

Cuando apareció el cadáver flotando en el arroyo Negro, nueve días después de su desaparición, nadie pudo explicar cómo hicieron las más de 100 personas que lo estuvieron buscando, incluso en ese mismo lugar, para no encontrarlo. Tampoco la Policía local se preocupó en aclarar por qué en una primera acta de inventario no se menciona la existencia del disquete y recién se hace referencia en una segunda acta.

Y sobre el informe policial de estas notas hay dos errores que llaman la atención, de acuerdo a la información recabada por LA REPUBLICA: el escribiente puso que Aguirre había nacido el 12 de julio, cuando en realidad lo hizo el 12 de agosto, además de escribir con "H" el nombre de la madre de Carlos cuando no lleva.
Autopsia

El comisario Carlos Aguirre desapareció el 11 de julio. Su auto fue hallado a pocos metros del arroyo Negro. El lado del acompañante estaba sucio de lodo mientras que el del conductor no. Existen versiones acerca de que poco después del hallazgo del vehículo. a pocos metros del arroyo, una persona fue vista reunida con una jerarquía policial y tenía sus zapatos sucios con barro.

Recién el 20 de julio el cadáver fue rescatado del arroyo en las extrañas circunstancias ya mencionadas. Recuperado el cuerpo, el jefe de Policía organizó una conferencia de prensa para informar del hallazgo y posteriormente se explicó que Aguirre se había matado (confirmando la hipótesis inicial) de un tiro, para lo cual se valió de su pistola calibre 9 milímetros, que nunca fue hallada.

Sin embargo en la autopsia realizada, de la cual existe grabación, en ningún momento se hace referencia ni a la causa del deceso, ni al calibre del disparo que presenta el cráneo del comisario. Tampoco existen en el informe forense datos que establezcan el tiempo que el cadáver estuvo en el agua, si la herida de bala fue recibida aún con vida, si tenía otras lesiones o si existía estado de putrefacción del cuerpo. Los familiares, consultados por LA REPUBLICA preguntaron: "¿En base a qué evidencia objetiva la Policía caratula el oficio enviado como 'suicidio'?".
Otros datos

Esperando respuesta también se encuentran otra serie de elementos, y a juzgar por el expediente casi todo lo relacionado con la muerte del comisario Carlos Aguirre permanece en la nebulosa. La Policía basa buena parte de la reconstrucción de los días previos a la desaparición de Aguirre por los dichos de una mujer, vinculada sentimentalmente al oficial.

Pero en su declaración en el Juzgado y en las dos que brindó a la Policía aporta elementos diferentes e incluso contrapuestos, y algunos más que sencillamente son mentiras. Por ejemplo hace referencia a que el auto del comisario tenía bocina, cuando está comprobado que al comprarlo ya carecía de este artefacto. Parece que la Policía creyó parte de la historia, por ejemplo que él le había confesado que quería suicidarse.

Pero si admitió como firme esto, ¿por qué no se ahondó en una de las presuntas razones que habría tenido Aguirre para terminar con su vida, aportada por la misma testigo? La joven dice cosas como las siguientes: que, según ella, Aguirre le confió como que "era algo relacionado con drogas" y que " yo llegué a un lugar donde no debía haber llegado". Estaba el comisario detrás de alguna investigación.

Quienes fueran sus superiores sostienen que no, pero no hay que olvidar que el oficial había hecho de la investigación el motor de su profesión, anotándose grandes éxitos, como haber participado en el desbaratamiento de la organización de trata de blancas a Italia. A los dichos de esta mujer se suman otras versiones, aportadas por las fuentes consultadas, acerca de que Aguirre siempre estaba investigando algo. Y esto a pesar de que fue "rebajado", con la asunción del nuevo comando policial, de su puesto en la Dirección de Investigaciones a encargado de la Oficina de Prensa.

Gente de afuera

Si bien el juez penal de 2° Turno, Pedro Salazar, reabrió la causa meses atrás a pedido de los familiares, hasta el momento no se han ordenado nuevas actuaciones concretas para despejar estas dudas y obtener elementos firmes que comprueben la teoría de suicido sostenida por el comando sanducero o la descarten.

Los familiares pidieron en los últimos días una serie de diligencias para reencauzar las pesquisas: realización de una nueva autopsia; realización de un peritaje sobre la "nota suicida" y los otros documentos del disquete a cargo de un siquiatra forense especializado; reapertura de la investigación a cargo de Policía de otro departamento, y determinar si alguno de los declarantes incurrió en el delito de falso testimonio. *

Después de 3 años de su muerte se reabre la investigación
Paysandú en suspenso: suicidio del comisario Aguirre tiene todos los síntomas de ejecución
Luis Vega (La República)

Después de tres años de la muerte del comisario Aguirre LA REPUBLICA entrevistó a la familia, en momentos en que el caso podría tener un giro fundamental. Cuentan que su padre, un viejo "milico" de campaña, no pudo soportar la muerte de su hijo, pasó muchas noches de desvelo buscando el porqué hasta que la angustia, el dolor, el sufrimiento puso fin a sus días. Según relatan sus otros hijos había jurado sobre la tumba de Carlos Delmiro, su "compinche", que se sabría la verdad.

Transcurría el 10 de julio de 2001 el comisario Carlos Delmiro Aguirre, por entonces encargado de la Oficina de Prensa y Protocolo de la Jefatura de Paysandú, salió de su casa sobre las 7 y 5 minutos de la mañana. Supuestamente se dirigía a su puesto de trabajo; pero nunca llegó. Recién nueve días después fue hallado su cadáver por funcionarios que patrullaban la zona del arroyo Negro, quienes divisaron un bulto semisumergido. El hallazgo se produjo en el mismo lugar por el que se la había buscado días anteriores desde tierra, aire, y agua. A pesar de que hasta el 19 de julio su cuerpo no fue encontrado.

Y por tanto su suerte era incierta, desde horas posteriores las informaciones oficiales indicaban que el comisario se había suicidado. También se decía, y así lo reflejan las crónicas, que la doble vida del comisario Aguirre lo había sumido en la depresión, ya que no podía enfrentarla. Se decía también que Carlos Aguirre siendo una persona de intachable trayectoria y moral, la posibilidad de que algunos aspectos personales salieran a la luz lo habían llevado a tomar una drástica decisión.

En la mañana del 19 de julio de 2001 su cuerpo apareció flotando en aguas del Arroyo Negro en Paysandú. Hacía nueve días que lo buscaban más de 100 hombres y vino a aparecer a pocos metros de donde había sido hallado su auto el 10 de julio de ese mismo año. Cuando apareció parecía cerrarse la historia oficial sobre el trágico destino del joven funcionario, de 44 años.
Puntos oscuros

La tardanza por encontrar el cuerpo, en la hipótesis del comando de la Policía local, estaba pautada en el conocimiento de la zona de Aguirre que lo habría llevado --dada su vergüenza por la situación-- a esconderse en algún lugar remoto para descerrajarse un tiro. Pero el cuerpo apareció flotando en el lugar donde todos buscaron durante más de una semana.

Si se hubiera eliminado en tierra firme, entonces el arma usada tendría que estar o en su mano o en el piso, cerca suyo. Pero como fue hallado en el agua, las probabilidades de encontrarla fueron prácticamente eliminadas. Sobre la demora en que el cuerpo saliera a flote se dijeron muchas cosas. En la crónica del diario LA REPUBLICA del 20 de julio, citando al médico responsable de la autopsia, se explicó que "la baja temperatura y el hecho de que la muerte fue causada por el arma y no por inmersión (el aire introducido por la diferencia de presión en un ahogado acelera que salga a la superficie), conspiró para que su cuerpo tardara tantos días en hacerse visible. Aguirre habría ingresado al arroyo y tal vez bajo el agua, para que el sonido no alertara a eventuales testigos, disparó el tiro que terminó con su vida".

Esta opinión forense choca de frente contra varios aspectos de la realidad. Uno de ellos, confirmado en fuentes policiales y familiares, es que Aguirre manejaba el arma con la derecha. Esa era la mano con la que empuñaba su pistola nueve milímetros. La bala que terminó con su vida tiene orificio de entrada por detrás de la oreja izquierda y de salida por la parte superior derecha de la cabeza. Imaginarse a un hombre diestro ejecutándose de esta forma, bajo el agua o en tierra, resulta poco probable.

Y de esgrimirse que Aguirre decidió terminar con su vida con la mano que poco usaba, igual tiene pocas probabilidades de acuerdo a las fuentes policiales consultadas. En Policía Técnica, mientras algo sea posible y científicamente comprobable, no se descarta nada. Sin embargo, consultadas por fuentes de la institución reconocieron que el recorrido de la bala (haya sido disparada con cualquiera de las manos) es atípico y estaría evidenciando "síntomas de ejecución".

En los suicidios, explicaron, lo típico y normal es que la dirección de la bala sea de adelante hacia atrás y levemente descendente. Al revés de la herida experimentada por Aguirre.
Arma robada

Si bien en algunas de las crónicas de aquel entonces se sostuvo que el policía se había suicidado con su arma de reglamento, familiares del infortunado comisario dijeron que ese extremo no está consignado en el informe presentado por el forense.

El hecho no es menor. En la escena del hecho, revelaron fuentes policiales, apareció una pistola calibre 22 no perteneciente al comisario y reportada como robada en la Jefatura de Policía de Tacuarembó. Lo que no se hizo exhaustivamente en su momento se hará ahora, tras la reactivación de la causa en el Juzgado local a pedido de los familiares.

Los familiares del comisario, tras realizar una pesquisa paralela, concluyeron que había muchas cosas raras tras la muerte. Consultados por LA REPUBLICA, señalaron que no tienen confianza en el comando de Policía sanducero, lo cual no es lo mismo que desconfiar, aclararon.

Lo cierto es que a ellos no les cierra la trayectoria de la bala, la demora en encontrar el cuerpo, ausencia de sus armas de reglamento (tenía otra aparte de la pistola) y dos archivos que aparecieron en la computadora. Estos fueron escritos presuntamente por Aguirre dando cuenta de su encrucijada sentimental y evidenciando un aparente cuadro depresivo. No descartan que otra persona los haya escrito.

El reloj de Aguirre se paró a las 2 y 15. Su auto fue hallado sobre las tres de la tarde de aquel día. Antes de desaparecer estuvo con al menos una persona, a quien le habría transmitido sus temores. Estos habrían llegado al comando de Policía. Dicen las fuentes que esta persona todavía tenía tierra en sus zapatos cuando se entrevistó con las autoridades. Cuando el experto perito forense Guido Berro, en su opinión dice que al policía lo mataron, las claves en el crimen del comisario aún no surgen claramente a tres años.

Surge del expediente que más de cinco personas vieron al comisario o a su auto el día de su desaparición. LA REPUBLICA accedió a parte del expediente de varios cuerpos que revela elementos clave. El diario fue invitado por los familiares directos de unos de los hombres más prestigiosos dentro del Instituto Policial. Nuevamente recorrimos palmo a palmo con sus familiares cada lugar, cada sitio, buscando una explicación de lo que realmente pasó y el tiempo no puede borrar la imagen de un hombre de honor.

LOS ROBOS EN LA ARMADA

El año pasado, varios canales de televisión uruguayos emitían distintas series americanas y británicas cuyos protagonistas eran policías dedicados a reabrir antiguos casos sin resolver. Pues bien, si aquí hubiera una industria televisiva, no le faltarían argumentos verídicos como para hacer una o varias series de ese tipo. Aquí comienza la serie uruguaya de Cold Cases, con los famosos "Robos de la Armada".

1) DE PURA CASUALIDAD
LA POLICÍA DESCUBRE CÉLULA NEONAZI QUE PREPARABA UN ATENTADO
Andrés Capelán

MONTEVIDEO/URUGUAY/31.08.06/COMCOSUR AL DÍA - De pura casualidad, buscando a contrabandistas de whisky, la policía del Departamento de Rocha encontró 15 panes de Trotil en la vivienda de un marino jubilado (hoy bolichero) en el balneario Punta del Diablo. La cantidad de ese poderoso explosivo hallada es suficiente como para volar dos manzanas enteras. Pero además, junto con el Trotil se encontró numerosa literatura y folletería nazi y antisemita, incluído un ejemplar de "Mi Lucha". El descubrimiento se realizó a pocas semanas del inicio en la cercana Punta del Este de la Cumbre de Mandatarios Iberoamericanos.

Según da cuenta hoy el diario La República, el senador socialista José Korzeniak anunció anoche que remitirá al Ministerio de Defensa Nacional información que vincula al titular de la finca con la organización parapolicial fascista Juventud Uruguaya de Pie (JUP), que operaba en nuestro país en los años previos a la dictadura (a esa organización pertenecía el actual diputado por el partido colorado Daniel García Pintos). Tanto el dueño de la casa (de iniciales J.A.) como su hermano, están vinculados a un ataque fascista realizado al edificio central de la Universidad de la República en la década de 1960.

Korzeniak recordó que hace menos de un año, él mismo denunció en el Parlamento la existencia de un grupo neonazi en el que participaba un hermano del dueño de la casa donde ahora fue encontrado el Trotil. El legislador explicó que ambos hermanos fueron integrantes de la Armada Nacional, por lo que "la detección de estos explosivos es un hecho que no puede quedar como algo aislado, porque ambos estaban vinculados al aparato armado de la derecha", sentenció Korzeniak.

El parte policial señala que el trotil fue hallado en una vivienda que está en construcción en una zona periférica de Punta del Diablo perteneciente a una persona que vive en la ciudad de Chuy (ubicada a 40 quilómetros de allí, en la frontera con Brasil), y que tiene actividad comercial y una vivienda en dicho balneario. El jefe de Policía de Rocha destacó "la perspicacia de los policías actuantes, que detectaron el nombre (del explosivo) en una caja (encima de la cual había un papel que decía en letras grandes "trotil"), procuraron información y luego procedieron a la incautación".

La República señala que de acuerdo a una de las hipótesis que maneja actualmente la Policía, el explosivo podría haber ingresado de contrabando seguramente proveniente de Brasil, por la proximidad de la frontera y la facilidad para el ingreso al país por el Chuy. Sin embargo, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia también investiga "la posible conexión del caso con la sustracción de municiones, explosivos y trotil de un depósito de la Armada en agosto de 2001, y procuran establecer si el material ahora hallado procede de allí." ¡Mas bien"

El diario El País es un poco más explícito. Revela que el detenido es un marino mercante retirado y que es propietario del Bar Blanco y Negro del Chuy, ubicado a unas dos cuadras de la comisaría local. Cito textual: "De allí, según informó el jefe de Policía rochense, partió la investigación. El robo de un cargamento de whisky y cigarrillos del depósito de Aduanas era lo que investigaban los policías locales. Por ese motivo se estableció una discreta vigilancia en el bar, donde según los datos recabados, se estaba comercializando la mercancía robada.

Cuando los elementos reunidos fueron suficientes, el juez penal de Segundo Turno, Juan Benítez Caorsi libró varias órdenes de allanamientos. Una de ellas era para el modesto chalet en construcción que el ex marino posee en Punta del Diablo. Allí no encontraron mercancía de contrabando, sino una caja de cartón que contenía 15 paquetes envueltos en hojas de diario. Los panes de color amarillento eran trotil, compuesto denominado Trinitrotolueno, también conocido por sus iniciales T.N.T.

A partir de este punto la investigación se desvió de sus carriles iniciales. Un equipo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) se trasladó a Rocha para continuar las investigaciones de rigor, ahora bajo la hipótesis de la preparación de un atentado. Mientras el marino prestaba declaración en la sede judicial de Chuy, los investigadores procuraban contactar al hermano mayor del detenido. Se trata de un capitán de navío retirado, de 68 años de edad, del que se espera pueda aportar datos que orienten el caso. Hoy la sede judicial de Chuy volverá a indagar al detenido, también fue convocado su hermano, así como otro militar retirado que es experto en explosivos, en carácter de testigo".

EL ROBO DEL 2001 EN LA ARMADA
El diario El País de hoy recuerda que "el 22 de agosto de 2001 la bancada de senadores del Encuentro Progresista Frente Amplio envió una nota al entonces ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, requiriéndole el esclarecimiento de varias irregularidades, entre ellas la relativa a los explosivos. En esta irregularidad se vincula a un reservista naval que más adelante termina quitándose la vida.

"En enero del presente año (2001) aparece en las proximidades de La Paloma una caja de explosivos de origen argentino. Se ordenó su destrucción por parte del entonces comandante en jefe V/A Pazos designándose como encargado de la operación al reservista Víctor González", expresaba la nota de los legisladores. "Esta persona retiene cuatro kilos de explosivo plástico, Trotil y detonadores, parte de los cuales fueron hallados en su ropero luego de su suicidio", agregaba la nota.

Estos hechos fueron oportunamente investigados, tanto en la órbita de la Justicia Penal como de la Justicia Militar. Poco después del suicidio del teniente reservista naval, se produjo el alejamiento del cargo del comandante en jefe de la Armada, el vicealmirante Francisco Pazos, que fue relevado por el vicealmirante Carlos Giani, que continuara las actuaciones". Como suele suceder tan habitualmente en los casos "pesados", esas actuaciones concluyeron archivándose por falta de pruebas. A continuación, a manera de "ayudamemoria", la cobertura que de esos sucesos realizó Comcosur Al Día.

AYUDAMEMORIAS
TRÁFICO DE ARMAS, ROBOS, NAZIS Y MUERTES EN LA ARMADA EN 2001

MONTEVIDEO/URUGUAY/31.08.06/COMCOSUR AL DÍA - Cuando el director de la Dirección General Impositiva, el contador Eduardo Zaidensztat, dijo que la decisión del juez Pablo Eguren de dejar en libertad a los dueños de una cadena de comida rápida que había evadido millones de dólares en impuestos nos equiparaba a una "república bananera", la justicia lo condenó a cinco meses de prisión (en suspenso) por el delito de "desacato por ofensa".

Sin embargo, si comenzamos a sumar todos los casos sin resolver que duermen o han lisa y llanamente muerto en nuestros juzgados, es muy difícil no coincidir con él. Ahí tenemos por ejemplo el caso del asesinato de Eugenio Berríos: luego de más de diez años de investigaciones un juez lo archivó por falta de pruebas. La justicia uruguaya tampoco pudo descubrir quién asesinó a la "madama" y funcionaria de la presidencia en épocas de Luis Lacalle Susana Manzur, ni quién mandó matar al contrabandista Luis González; desde hace años tiene congeladas las investigaciones sobre el affaire del "Cangrejo Rojo", sobre las inversiones en nuestro país del Cártel de Juarez y de la viuda de Pablo Escobar, y sobre las cuentas bancarias de la eminencia gris del dictador Alberto Fujimori (y amigo del embajador uruguayo en Francia Héctor Gros Espiell) Vladimiro Montesinos, por no abundar.

Las denuncias sobre robo de armas, explosivos y dinero en dependencias de la Armada Nacional (el suicidio bajo custodia de un sospechoso zurdo empuñando el revólver con su mano derecha incluído) hace tan sólo cinco años, corrieron la misma suerte. Recordemos lo que pasaba entonces, que aquellas aguas trajeron estos lodos. Vale la pena releer estas notas, no sólo porque algunos nombres se repiten, sino porque tal vez allí se encuentren algunas respuestas a otros asuntos que hoy están sobre la mesa, el tráfico de armas hacia Brasil, por ejemplo, aunque para la ministra Berrutti esas sean "patrañas".

I) LA ARMADA APESTA A CORRUPCIÓN

MONTEVIDEO, URUGUAY, 23/08/01 (COMCOSUR AL DÍA) Según informó el diario "El Observador" de Montevideo, la Armada Uruguaya ocultó varios "episodios irregulares" ocurridos en su seno en los últimos tiempos. De acuerdo a las fuentes del periódico, en 1997 hubo un faltante de municiones cuando la fuerza de mar adquirió equipamiento completo de recarga de munición. En ese entonces se descubrió que parte del faltante estaba en poder de H.M.C. (iniciales de Honorio Méndez), un civil de reconocida militancia ultranacionalista que era usualmente contratado por la Armada en función de sus conocimientos en explosivos.

El año pasado se constató el faltante de 2.000 proyectiles calibre 7,62, y el 9 de julio de este año un veterinario le informó al teniente de navío Gastón Jaunsolo, que presta servicio en la Escuela Naval, que H.M.C. estaba ofreciendo munición 7,62 a razón de 150 dólares los mil proyectiles. Jaunsolo puso en conocimiento de esta información al capitán Gonzalo Cuñarro, quien un día después ordenó un inventario en el Servicio de Armamento. Allí comprobó que en febrero de 2001 se había dado de baja 7.000 municiones con el argumento de que se hallaban en mal estado. Sin embargo un ingeniero químico que trabaja para la Armada estableció que los proyectiles estaban en perfectas condiciones.

Un arqueo de caja realizado el 12 de julio mostró que, además de municiones, faltaban $ 6.000 y varios recibos. El responsable de la unidad decidió que el arqueo no lo realizara el oficial encargado de la parte administrativa, que había sido indagado el año pasado cuando faltaron 10 mil dólares de la fragata Artigas, circunstancia que nunca fue informada públicamente. Según las fuentes, los oficiales estaban realizando el arqueo cuando el capitán Cuñarro fue informado de que tenía una llamada telefónica del jefe de la unidad. En ese momento descuidaron la custodia del teniente de navío Víctor González, que estaba arrestado a rigor, y este tomó una pistola y se disparó en el ojo derecho.

El viernes 13 de julio se comprobó que faltaban unas 11 mil municiones y una ficha firmada por el mencionado González que decía que el faltante obedecía a un "reajuste de consumo interno". Luego, parte de estas municiones fueron halladas en el domicilio de H.M.C. Tras la renuncia de Pazos a la comandancia y la asunción de Carlos Giani, la Armada dispuso que al frente del Servicio de Material y Armamento fuera nombrado el capitán de navío Aldo Francéscoli en sustitución del capitán de navío Ruben Romanelli. En parte para responder de estas irregularidades, el ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, concurrió la pasada semana al Parlamento. Sus explicaciones no fueron satisfactorias para los legisladores opositores, pero sí para los oficialistas.

Pero mientras la Armada y el Ministerio de Defensa aseguran que sólo han faltado municiones, las fuentes militares de "El Observador" insisten en asegurar que el teniente de navío que se suicidó cuando era investigado por el robo de miles de balas también tenía en su poder armas y explosivos. Al respecto indicaron que cuando se preparaba la misión de paz para el Congo, el suicidado utilizó su propio jeep para retirar del servicio de armamento naval 1.000 proyectiles 9mm, 8.000 calibre 7,62 y 9.000 calibre .30, siete pistolas 9mm, cuatro fusiles M16, dos subametralladoras AK47, 23 caños de fusil Springfield, además de repuestos de fusiles M1 y 23 bayonetas M1. Se ignora el destino que tuvieron dichas armas.

Los mismos informantes recordaron un episodio ocurrido en enero de este año cuando aparecieron en proximidades de La Paloma cajas de explosivos de origen argentino. El oficial encargado de manejar ese material fue el mismo teniente González, y aseguran que si bien en aquel momento el comandante de la Armada, Francisco Pazos, ordenó destruir ese material, el teniente de navío se apoderó de 4 kilos de explosivos, trotil y detonadores. Por su parte, las fuentes navales del diario "La República" relataron que en 1997 se adquirió un equipamiento completo de recarga de munición, y que tras una inspección se constató un faltante de varias cajas con piezas: de un total de dieciocho, cuatro estaban en poder del señor HMC, de "reconocida militancia ultrafascista, hijo de un oficial superior de la Armada argentina, actualmente en retiro".

Sobre la sustracción de armamento destinado a la Misión de Paz en el Congo, "La República" afirma que el mismo le fue entregado a HMC y a un alto jerarca del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que no se menciona. Al respecto, es de recordar que en el velatorio del marino suicidado fue notoria la presencia del ex director de Medio Ambiente, Daniel Stern, quien es muy conocido en el ambiente de los clubes de tiro. Según los informantes del periódico: "También adquirió parte del material" un conocido empresario constructor, un diputado del Partido Colorado y otro empresario, "siendo importante destacar -dice el informe- que el reservista Víctor González era empleado" de la firma de este último empresario.

En el año 2000 se había constatado un faltante de 2.000 proyectiles calibre 7.62, pero el hecho nunca fue denunciado. En abril de este año, comenzaron a detectarse nuevas irregularidades con el consumo de munición. También se echan a rodar "trascendidos" de que un teniente de la reserva, que presta servicios en la Dirección de Personal de la Armada, "ofrece para la venta, munición de guerra a civiles". En julio de este año, el ya por entonces reservista naval HMC "puso a la venta" las municiones sustraídas a la misión al Congo, utilizando como intermediario a un veterinario, "con la anuencia expresa" de un alto jerarca del Ministerio de Defensa Nacional.

El subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Alberto Yavarone, afirmó en el Senado que en el mes de febrero se habían "dado de baja" 7.000 proyectiles por hallarse "en mal estado." Sin embargo, la fuente militar consultada por "La República" dijo que "la munición, que siempre es comprada a proveedores extranjeros, es revisada por los fabricantes. Si éstos detectan un lote en mal estado, lo comunican. Eso rarísimamente se da, porque la munición de pequeño calibre (fusiles, metralletas o pistolas) es prácticamente imperecedera. Todavía hay proyectiles Mauser del año 1910. Con la munición, los proveedores hacen lo mismo que los laboratorios cuando detectan una falla en un medicamento: avisan para que los stocks se devuelvan o se destruyan".

Según el informe "el miércoles 11 de julio de 2001 (un día antes del suicidio), se organizó en el Servicio de Armamento de la Armada un asado de camaradería, con la presencia de (y aquí iría el nombre del alto jerarca del Ministerio de Defensa) y algunos conocidos adquirentes y fanáticos de armas portátiles. En la oportunidad, el jerarca ministerial se manifestó "muy disgustado por la persecución ideológica que se hacía al teniente de reserva Víctor González, de quien se manifestó muy amigo". Ese mismo día, y en atención a una sugerencia del citado jerarca de Defensa, se designa al capitán de corbeta Busta como oficial investigador de los hechos.

Las pruebas en contra de Víctor González que encontró el investigador fueron tan abrumadoras, que luego de informar al Ministerio de Defensa, se nombró un juez sumariante -el teniente de navío Felicci- quien dispuso el arresto a rigor que terminó con el suicidio del reservista. En un momento de descuido de sus guardianes, Víctor González, QUE ERA ZURDO, tomó su pistola CON LA MANO DERECHA y se pegó un tiro en su ojo derecho. Claro que dicha inversión de destreza no debería llamarnos la atención, el pasado 19 de junio, el comisario Carlos Delmiro Aguirre, jefe de la oficina de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Paysandú, que era diestro, se suicidó por motivos sentimentales mediante un tiro tras su oreja izquierda. Lo inverso hizo ya hace unos años el intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia, quien como era zurdo, se suicidó empuñando el arma con su mano derecha...

II) UN DIPUTADO, UN SUBSECRETARIO, UN DIRECTOR, UN EMPRESARIO,
Y UN NAZI ESTARÍAN IMPLICADOS EN LOS ROBOS EN LA ARMADA

MONTEVIDEO, URUGUAY, 25/08/01 (COMCOSUR AL DÍA) En la mañana del pasado jueves, el Encuentro Progresista entregó al ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo (Partido Colorado / Sanguinetismo), un informe elaborado por oficiales navales en el que se detalla el cúmulo de irregularidades constatadas en la Armada Nacional en los últimos años. Como ha venido informando Comcosur al Día, el mismo incluye diversos faltantes de dinero, municiones, armas y explosivos, que indirectamente determinaron el presunto suicidio del oficial de reserva inculpado.

En el día de ayer, el semanario "Brecha" dio a conocer los nombres de cinco civiles denunciados como cómplices de la operativa en dicho documento. Ellos son: el subsecretario de Defensa Nacional, Roberto Yavarone (Partido Colorado / Sanguinetismo); el director de Ordenamiento Territorial, Herman Leis (Partido Nacional / Herrerismo); el diputado Daniel García Pintos (Partido Colorado / Lista 15); el empresario de la construcción González Conde; y el militante neonazi Honorio Méndez Casariego.

Mediante una conferencia de prensa, el diputado García Pintos negó toda relación con los robos en la Armada, y acusó al Encuentro Progresista de haber montado una campaña en su contra. Lo propio hicieron Roberto Yavarone y Herman Leis al ser consultados por diversos medios de prensa. De todas maneras, los senadores Korseniak (PS) y Fernández (MPP), ambos integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la cámara alta, declararon haberse limitado a entregar al ministro un documento elaborado por oficiales navales. Dependerá ahora del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, investigar cuánto hay de cierto en las afirmaciones allí efectuadas.

Fuentes de la coalición opositora dijeron al citado semanario que si el ministro Brezzo, ahora innegablemente en conocimiento de esta información, no toma las acciones pertinentes dentro de los próximos diez días, ellos tomarán medidas legislativas. Es de hacer notar que el Encuentro Progresista no cuenta con los votos suficientes como para hacer caer al ministro, responsable político de todo este caos. Hasta el cierre de esta edición, los votos del Partido Colorado y el Partido Nacional seguían manteniendo al ministro sanguinetista atornillado en su sillón.

III) AMPLÍAN DENUNCIA POR ROBOS EN LA ARMADA

MONTEVIDEO, URUGUAY, 20/09/01 (COMCOSUR AL DÍA) La bancada de senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) presentó una ampliación de denuncia ante el Juzgado Penal del 19º Turno, con un escrito y documentos relativos a la causa que investiga el robo de miles de municiones y el suicidio de un reservista de la Armada. El escrito fue llevado al Juzgado de la calle Misiones por los senadores encuentristas José Korzeniak (Partido Socialista) y Eleuterio Fernández Huidobro (Movimiento de Participación Popular) -quienes integran la Comisión de Defensa de la Cámara alta- pero está firmado por todos los senadores de la coalición opositora.

Korzeniak comentó al diario "La República" de Montevideo que la presentación "es una denuncia de toda la bancada del Encuentro Progresista, en la que se agregaron una serie de documentos, algunos conocidos, como actas de sesiones e informes, y otros nuevos. Técnicamente es una ampliación de denuncia, puesto que los antecedentes de este caso los presentó el Ministerio de Defensa". La denuncia refiere al robo de municiones en la Armada, el suicidio de un reservista y "otros temas conexos", añadió Korzeniak, quien prefirió no extenderse sobre el contenido de lo entregado a la Justicia.

El expediente de marras culminó en principio con su parte testimonial. Resta que se entregue un informe solicitado por la Justicia para que se le pase la documentación a la Fiscalía en lo Penal, que deberá definir su vista o solicitar nuevas pruebas. Cabe señalar que un informe que el Encuentro Progresista-Frente Amplio entregó al ministro de Defensa, Luis Brezzo, y que éste envió a la Suprema Corte de Justicia ya fue puesto por la corporación judicial en poder del magistrado actuante. En ese documento se indica que el diputado Daniel García Pintos, el subsecretario de Defensa, Roberto Yavarone, el director de Ordenamiento Territorial, Herman Leis, y el empresario de la construcción González Conde compraban las municiones robadas de un polvorín del Servicio de Material y Armamento de la Armada.

Los senadores Korzeniak y Fernández Huidobro develaron que -con anterioridad a la constatación de los robos- el ministerio de Defensa había sido enterado por la Policía de la incautación a delincuentes de armas de guerra de la Armada que sin embargo no habían sido denunciadas ni como perdidas ni como hurtadas. Al respecto, los legisladores pusieron como ejemplo el homicidio de un policía del balneario La Paloma, que fue asesinado con un fusil de asalto AK-47 Kalaschikof, cuando concurría a atender una alarma de robo en la sucursal local del Banco de la República, y la recuperación de un fusil FAL que estaba en manos de delincuentes apresados por la Brigada de Homicidios de la Policía.