LOS CHANCHULLOS DE LA ARMADA EN DICTADURA

PESCADOS Y PECES GORDOS

El libro del economista Miguel Carrió “País Vaciado, dictadura y negociados” (Ed. Monte Sexto – 1987), dedica un capítulo entero a los chanchullos de la fuerza de mar, y entre otras cosas revela que la Armada uruguaya manejó durante años una cuenta secreta en el mismo banco en el que hacía sus depósitos Augusto Pinochet: el Riggs National Bank, sucursal Nueva York. Parte de esos dineros provenían del alquiler del superpetrolero propiedad de la Armada, el R.O.U. Lavalleja, a la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). Según la propaganda de la dictadura, la adquisición de esa nave “nos surte con una apreciable reducción en el precio de los fletes, que antes se pagaban a barcos de otras banderas”. Sin embargo, el petrolero propiedad de la Armada cobraba a ANCAP un flete muy superior al precio internacional. Resultó sí “un excelente negocio para la Armada a costa de ANCAP, aumentando el costo de los combustibles”, que por supuesto terminaba pagando el consumidor.

Según explicaban los mismos marinos, la Armada había abierto esa cuenta en el banco Riggs para ocultar sus ganancias al Ejército y la Fuerza Aérea, temerosa de que su dinero fuera a parar a Rentas Generales y terminara por no poder ser administrado por ella. Nunca se supo cual fue el destino de los intereses devengados por el millón de dólares depositados en el Riggs. En 1985, el senador José Germán Araújo (FA) denunció estas maniobras ilícitas en el Parlamento, pero el asunto no pasó a mayores.

Al igual que lo hizo con el Frigorífico Nacional, la dictadura comenzó sus tropelías en la industria de la pesca desmontando el ente estatal del ramo, las Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE). Carrió explica que luego de quitado ese escollo, “La pesca atrajo la atención de capitales privados nacionales –sobre la base de créditos bancarios- y extranjeros, y significó una fuente de ocupación para ‘gestores’ nacionales, en particular vinculados al Partido Colorado”. Al respecto, señala que hacia 1983, el Instituto Nacional de Pesca tenía en bandeja de entrada tres proyectos de inversión para la explotación de túnidos. El pocos años después ministro del Interior del presidente Julio María Sanguinetti, Antonio Marchesano, figuraba en el directorio de dos de esas empresas. En el de la tercera aparecía el pachequista Marcial Bugallo.

Pero Carrió explica que “el político colorado de mayor trayectoria en la pesca bajo la dictadura fue el luego senador Eduardo Paz Aguirre, único director de Pescatlántica S.A.” La empresa contaba supuestamente con el respaldo de ciertos capitales españoles, pero en los hechos compró sus barcos con un préstamo del Banco de la República Oriental del Uruguay, con la garantía de los propios barcos y la solidaria de Paz Aguirre. Pero además, Pescatlántica contrajo voluminosas deudas con los bancos De Montevideo y Bafisud y con Provimex, una empresa propiedad del hermano del político colorado. Lamentablemente, Pescatlántica quebró y esos créditos pasaron a integrar las carteras incobrables que luego compraría el Estado uruguayo para poder vender esos bancos a capitales extranjeros.

El investigador señala que “ILPE fue objeto de un cuidadoso proceso de vaciamiento y mal manejo de sus fondos por parte de los mandos de la Marina. Los dos últimos buques de los que disponía la pesquera estatal fueron vendidos en 1983 a la empresa Bero S.A., cuyo principal era el Capitán de Navío Jacinto Avilés, que casualmente era también el encargado de viajar a Nueva York a realizar los depósitos del dinero negro de la Armada en el banco Riggs. La excusa para vender ambas naves fue que ya eran “obsoletas”. Sin embargo, el mes anterior a su venta se habían invertido 40 mil dólares en repuestos para ellas, y de hecho siguieron operando durante varios años más para Bero S.A.

Hacia noviembre de 1984, como director de Bero S.A., el empresario Jacinto Avilés envió una carta a sus colegas pesqueros convocando a apoyar las candidaturas del vicealmirante Juan J. Zorrilla y Eduardo Paz Aguirre al Parlamento. “Así como apoyamos sin lugar a dudas la candidatura del ‘Lalo’ Paz Aguirre, por las mismas razones entiendo deberíamos, salvo tu mejor opinión, apoyar la del Almirante Zorrilla, que inferirá en forma destacada en el sector,” decía la carta, y continuaba: “por las razones expuestas, desearíamos contar con tu decidido apoyo en esta ayuda a la Campaña Financiera del futuro Senador Zorrilla dentro de Unidad y Reforma del Partido Colorado, mirando desde el punto de vista, más de tener un amigo que pueda recoger rápidamente nuestras inquietudes en el Sector, que desde el punto de vista político.”

Un resumen del libro de Carrió se puede leer AQUÍ