EL GUARDAESPALDAS DEL PODER

Update al 04.03.11, click aquí

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL COMISARIO INSPECTOR ARTIGAS RIVERO BICA
Gustavo Stivokruig (Caras y Caretas)

En 1988 era subcomisario y se arrastraba entre los montes de Florida dedicado al abigeato y la faena clandestina de vacas y carpinchos, hasta que incursionó en el contrabando. Fue procesado con prisión, lo que no le impidió convertirse, años después, en guardaespaldas personal del entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre. Se le atribuye una fortuna de 10 millones de dólares obtenida a partir de operaciones ilegales y de una maquinaria de corrupción. Se llama Artigas Rivero Bica, pero es conocido en la región como 'El rey del contrabando de cigarrillos'.

Su captura está requerida por la Justicia argentina desde antes de que en Uruguay se solicitara su detención. El 28 de setiembre de 2000 fue acusado por el Juzgado Federal de la Provincia de Santa Fe de infringir los artículos 864 inciso A y 865 inciso A del Código Aduanero, lo cual se traduce en un delito de "contrabando calificado". Esto ameritó que el titular de la sede librara el oficio 572-00 para su detención dentro del territorio del vecino país.

Incluso esa misma sede dispuso en su momento que sus teléfonos fueran intervenidos, existiendo registros de las llamadas efectuadas y recibidas por él o por personas de su entorno en aquel país. Aquel 28 de setiembre, esa sede judicial también solicitaba la aprehensión de otro uruguayo, el salteño Sergio Eduardo Gazzave Dalandri, a quien se le conoce como 'El Pingüino'. Este conocido contrabandista local cayó en desgracia cuando la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comenzó a investigar las mafias locales que lucraban con el contrabando de cigarrillos. Gazzave fue apresado en Salto en poder de una fabulosa carga ilegal de cigarros.

Siete meses después de la medida adoptada por el juzgado santafesino, desde el Juzgado Penal de 17º Turno de Montevideo se emitía un pedido similar, pero a nivel tanto nacional como internacional. Está claro que en estos dos países tiene cuentas pendientes, y de acuerdo a dónde sea detenido en primera instancia, luego deberá afrontar un pedido de extradición por el otro Estado que lo reclama.

Sin embargo, desde que se lo considera prófugo hay información concreta sobre entradas y salidas en ambas márgenes del Plata, ya sea de manera legal o ilegal. Quienes lo investigan en cualquiera de las dos orillas, aseguran que posee contactos en distintas reparticiones policiales que le garantizan libre circulación y protección. Varias veces estuvo a punto de ser apresado, pero misteriosamente, minutos antes de que sus captores le pusieran las manos encima, Rivero recibía un dato y se 'mandaba a mudar'.

Una situación como la recién planteada se vivió en junio de 2002, precisamente en Santa Fe. La Policía local tuvo datos sobre su paradero en una finca de la ciudad, pero cuando los funcionarios arribaron sólo pudieron confirmar que, efectivamente, Rivero había estado allí.

HÁBIL DECLARANTE

En octubre de 2000, unos seis meses antes de librar la orden de captura nacional e internacional, la por entonces jueza penal Ana Lima, a cargo del Juzgado Letrado de 17° Turno, resumía cuál era la maniobra por la cual se investigaba al oficial superior de la Policía Nacional. Para esa fecha, Rivero hacía trece meses que gozaba de un pase en comisión en la secretaría del diputado Gustavo Borsari, a la cual nunca concurría, según los documentos en poder de CARASyCARETAS.

En el marco de las indagaciones, la magistrada a cargo de la causa remitió un oficio a las autoridades del Banco de Crédito, con el fin de establecer la operativa del sospechoso en dicha institución bancaria. Ese mismo oficio fue enviado a otros bancos, como el propio Banco República. A cada uno de los remitentes le pedía levantar el secreto bancario contra determinada cuenta, contra la cual aparecían cheques librados por el comisario inspector o por sus socios.

En el caso del Banco de Crédito, el cheque en cuestión era el 259.747 de la cuenta 0001035370032. La doctora Lima fundamentaba su decisión en virtud de que procuraba esclarecer el circuito de "maniobras de tráfico ilícito de cigarrillos y otras mercaderías por las que se estarían utilizando zonas francas y documentación aduanera que se encuentra formalmente en orden, cubriendo el tipo de mercadería y el efectivo ingreso y egreso de la misma al país". Todos los oficios librados tuvieron su respuesta, y entonces la titular del expediente pudo avanzar en las pesquisas.

En la búsqueda de información en torno al individuo, diligencia a cargo de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), han sido varias las sorpresas. Pero hay un patrón común: Rivero no aporta toda la información sobre sus bienes y cuentas bancarias a la hora de realizar declaraciones juradas, ni siquiera aquellas que se atribuye públicamente en torno a su actividad empresarial. Pero afirma poseer recursos suficientes para hacer frente a garantías en el marco de operaciones de exportaciones.

Por ejemplo, el 15 de junio de 2000, cuatro meses antes de que Ana Lima pidiera información a los bancos, Rivero efectuó la declaración jurada que, como funcionario público que era, estaba obligado a realizar. De este modo asegura subsistir con un sueldo de 10.500 pesos, más cuatro mil pesos provenientes de rentas. Afirma también "no poseer cuentas bancarias, ni activos", tal como surge de los documentos a los que accedió CARASyCARETAS.

LA OTRA CARA

Sin embargo, para esa fecha y en posteriores, Rivero poseía al menos una empresa, denominada en este caso Establecimientos Indios del Sur (Indesur SA), muy conocida en los círculos rurales y ganaderos. A tal punto, que esta firma auspició una Expo Rural a finales de los noventa, apareciendo su logo junto al de otros anunciantes. De los documentos comerciales de dicha empresa se desprende que la misma tiene o en algún momento tuvo varias propiedades en la capital y en el interior.

En registros relacionados con la venta de lana por parte de Indesur SA se consigna el 8 de diciembre de 2001 una transacción con Atops Fray Marcos SA (compradora), cuyo domicilio comercial es en Garibaldi 1767 (Montevideo). Pero un año y medio antes, el 16 de mayo de 2000, aportaba como domicilio la calle Franzini 944, esta vez ante el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Estos dos inmuebles se ubican en Montevideo. También sería dueño de dos vehículos: una Toyota Ranger y un Ford Escort.

Pero ya en 1998 Rivero presentaba garantías mucho más solventes ante el Banco de Seguros del Estado (BSE), institución en la que depositaba o presentaba garantías para cubrir los movimientos de exportación que realizaba. El 10 de diciembre de aquel año (diez años después de que fuera hallado entre los matorrales de Florida cazando carpinchos), ante escribano dio fe de poseer, entre otros, los siguientes activos: campo en Florida por 260 mil dólares; casa en Besares Irigoyen 5994 (capital) por valor de 450 mil dólares, y 1.400 cabezas de equinos. En esa fecha, el comisario inspector acreditaba ser poseedor de activos por 1.230.000 dólares, mientras que su pasivo se reducía a 10 mil dólares, por una deuda con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Por otro lado, en los archivos del banco asegurador del Estado se descubre que entre diciembre de 1998 y junio de 1999 Artigas Rivero depositó en carácter de seguros de fianzas las siguientes sumas en Bonos del Tesoro: 90 mil dólares el 28 de diciembre de 1998; 50 mil dólares el 4 de marzo de 1999; 50 mil dólares el 15 de junio de 1999, y otros 50 mil dólares el 23 de junio de 1999.

¿LAVADO DE DINERO?

Si bien hasta el momento las conclusiones judiciales no pueden afirmar que exista blanqueo de activos realizado por el investigado, la sospecha existe y es fuerte. Las fuentes consultadas señalaron la dualidad de no dar cuenta de bienes en sus declaraciones juradas, a pesar de los registros existentes. Teniendo en cuenta los activos consignados y los Bonos de Tesoro entregados al BSE (los cuales le habrían sido devueltos al margen de la ley), no es fácil imaginar el volumen de dinero que el policía manejaba. La situación que se describe a continuación sirve como demostración de la realidad que advierte la Justicia y la Policía.

El escenario fue la Avenida José Belloni 4296, donde el BROU tiene su agencia de Piedras Blancas, que lleva el número de código 193. Allí se comprobó que Rivero Bica tenía la cuenta 193 0016059 (Caja de Ahorros). El 29 de noviembre de 1999, meses después de estar en comisión en el despacho de Borsari, hubo un retiro de 200 mil dólares de dicha cuenta. Eran las 16.10 de aquel día cuando la transacción quedó completada. ¿De dónde sacaba un oficial de policía con antecedentes penales tanto efectivo?

La respuesta, de acuerdo al expediente 9123/01, se encuentra en maniobras de contrabando sólo posibles si se cuenta con la complicidad de funcionarios aduaneros y policiales, y eventualmente también de autoridades y políticos. ¿Qué fin le daba Artigas Rivero al dinero? La respuesta más inmediata es la inversión y el mantenimiento de un elevado nivel de vida. Pero lo que se procura establecer es si ese dinero también servía para pagar favores o blanquear fondos provenientes de ilícitos.

CRUZANDO LA LÍNEA DE LA LEGALIDAD

Artigas Rivero nació el 18 de mayo de 1957. En su juventud concurrió a la Escuela Nacional de Policía, de donde egresó como oficial subayudante. Luego ascendió a oficial principal y más tarde, en 1988, con 32 años, ya era subcomisario. Su realidad económica no parecía ser la mejor y, junto al por entonces oficial principal Pablo Porto, decidió cruzar la delgada línea de la legalidad.

Se dedicó a la caza furtiva, el abigeato y la faena clandestina. Carpinchos, vacas y todo bicho que caminara y fuera redituable en el mercado negro caían en la mira de la pareja. Una serie de denuncias presentadas por los damnificados ante la Policía de Florida determinó que las víctimas eran objeto del accionar de la misma banda. Las pesquisas fueron exitosas y los responsables resultaron capturados.

El 12 de febrero de aquel año, en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de Florida, fueron procesados con prisión por un "delito de contrabando en reiteración real con un delito continuado de abigeato que concurre fuera de la reiteración con un delito de faena clandestina". Dos años y seis meses de penitenciaría, más las accesorias del caso, fue la pena fijada. Entonces Rivero inauguró su prontuario, que lleva el Nº 9131, según los registros de la Dirección Nacional de Policía Técnica, cuyo personal le tomó la clásica foto antes de ser puesto tras las rejas.

Pero la suerte estaría de su lado. Antes de cumplir la totalidad de la pena prevista, Rivero logró la libertad por gracia y posteriormente se salvó de ser expulsado de la Policía Nacional, cuando el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Andrés Ramírez, dispuso que fuera sometido al Tribunal de Honor de la Región Policial Nº 1. Tres inspectores integraron el jurado cuyo fallo, para ser homologado, tenía que ser unánime. Aquella instancia concluyó que Rivero había incurrido en "faltas gravísimas", lo cual determinaba su baja y la pérdida de los beneficios jubilatorios. Pero ante esta posibilidad el tribunal tardó en expedirse y se fueron venciendo los plazos legales, debiéndose conformar un nuevo triunvirato.

El nuevo integrante del jurado fue el inspector Guinares, con cuyo voto se obtuvo la mayoría de tres para desechar el mérito de destitución. Sin embargo, su amigo Porto no tuvo en un principio la misma fortuna. Su situación siguió corriendo por los caminos judiciales, hasta que en 1995, ya en libertad, recayó sobre él la sentencia definitiva de primera instancia, apelada por su defensa.

CONFESIÓN DE PARTE

La apelación de Porto recayó en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno, integrado por los doctores Gervasio Guillot, Eduardo Lombardi e Irma Alonso. Y quien fuera posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillot, fue el ministro redactor de la confirmación de la sentencia. El destacado jurista es en la actualidad el defensor del prófugo José 'Puchi' Rohm.

Para confeccionar su sentencia, la N° 82 de 1996, Guillot se basó en la vasta prueba aportada por el otro implicado: "El copracesado (hoy sobreseído por gracia) Artigas Rivero es muy explícito al narrar que las actividades de la pareja [...] se iniciaron con la caza furtiva de carpinchos y ciervos. Fue para realizar la cacería que Rivero y Porto viajaron a la ciudad de Livramento (Brasil) y adquirieron la camioneta Fiat 147 a la que sustituyeron sus chapas de matrícula originales por otras apócrifas, y así poder circular libremente por el territorio nacional transportando las piezas capturadas".

En otro pasaje Guillot evoca la confesión de Rivero: "Posteriormente, una noche de infructuosa cacería por ausencia de las especies buscadas,'[...] y como había animales por allí muy mansitos, se nos ocurrió la idea del abigeato' [...]". Pero más allá de estas confesiones delictivas, los infieles policías tendrían finalmente una salida más que elegante a tan penosa descripción. Gonzalo Aguirre, en su calidad de abogado defensor, entabló juicios contra el Estado y logró que se reincorporaran a la fuerza y que fueran resarcidos económicamente. Porto obtuvo su reingreso en 2001.

AVE FÉNIX

A pesar de que, tiempo después de ser procesado, la Justicia le otorgaría la libertad por gracia, la situación de Rivero en el interior de la fuerza no era la mejor cuando a principios de la década del noventa Luis Alberto Lacalle asumió como presidente y Gonzalo Aguirre como vicepresidente. Pero después de los primeros años del gobierno blanco, un nuevo golpe de suerte transformaría definitivamente la vida de Artigas Rivero.

En uno de los resúmenes del caso, encargados por la jueza Ana Lima y que figuran en el expediente, se sostiene que "en el año 1988 estaba urgido económicamente dedicándose a una actividad ilícita menor. A partir de los años 1994 y 1995 la situación cambia sustancialmente. En esa misma época es nombrado custodia del vicepresidente de entonces, Gonzalo Aguirre. Rivero Bica habría tenido amistad con la esposa de Gonzalo Aguirre, desde antes que ambos se casaran, cuando ella era funcionaria policial".

Resurgido de entre las cenizas, Rivero entendió que era impune y regresó 'a la escena del crimen'. Y, como dice la máxima policial, cayó en un error imperdonable. Haciendo gala de su poder, se estableció en Florida y comenzó a arrendar unos campos ubicados en la zona conocida como Paraje Mansa villagra, a orillas del arroyo Arrayán. En principios fueron 416 las hectáreas que habría arrendado, hasta que en 1996, alentado por los avances económicos, decidió dar el gran paso. Ya nada quedaba de aquel cazador furtivo y ladrón de ganado que se arrastraba entre las chircas floridenses en busca de su presa.

Ahora Rivero tenía poder y dinero. Fabricó la sociedad anónima Indesur SA, cuyos estatutos fueron creados el 21 de marzo de 1996. Su primer socio fue otro policía, oriundo de Cerro Largo. Se trata de Alfredo Leles Silva Montero, según consta en la causa, quien dos años después sería procesado por "abuso de funciones". Los registros del Banco de Previsión Social evidencian que en la primera etapa Indesur estaba a nombre de Rivero y Silva.

LAS VAQUITAS (NO) SON AJENAS

Si bien la empresa del policía parecía haber nacido para las actividades ganaderas, pronto sumó rubros. Su desempeño en la órbita de Presidencia le facilitó entrar en contacto con muchas personas influyentes, que lo decidieron a probar suerte con la importación de mercaderías varias, preferentemente cigarrillos.

"Traía contenedores de cigarrillos desde el puerto chileno de Iquique. La mercadería ingresaba por Fray Bentos y saldría, según los papeles, por Río Branco, pero quedaba en Montevideo para ser distribuida," De acuerdo con las investigaciones, ésta era la operativa de Indesur. Los cigarrillos arribaban al país en calidad de tránsito, siendo los principales supuestos destinos dos zonas francas de Bolivia. Una de ellas es la San Matías SA ubicada en Santa Cruz, fronteriza con la ciudad de Cáceres en Brasil. La otra, Puerto Aguirre, también se encuentra instalada en la frontera con Brasil.

Pero la información aportada a la Justicia uruguaya por ambas instituciones bolivianas indica que con ellas nunca operó una empresa uruguaya de nombre Indesur, y que por ende nunca recibieron los embarques que los Documentos Únicos Aduaneros exhibidos en Uruguay aseguran que hacia allí se dirigieron las cargas.

Efectivamente, los registros de movimientos de Indesur muestran un flujo comercial importante hacia esas zonas francas, al punto que sólo en dos años se realizaron transacciones en el orden de los seis millones de dólares. Los cigarrillos eran principalmente volcados por contrabando a Argentina y, eventualmente, a Brasil. En los puestos fronterizos por los que la mercadería salía, eran alterados para disfrazar la ilegalidad.

Una vez en territorio argentino, en algún punto de alguna ruta, los cigarros eran descargados y el camión seguía su marcha hacia un destino inexistente. Por maniobras idénticas a esta fueron procesadas más de cuarenta personas en Rivera entre policías, aduaneros, empresarios y militares. Por otro lado, el gobierno argentino de Néstor Kirchner intervino varias aduanas en su país, entre ellas las que tienen frontera con Salto y Fray Bentos.

El titular argentino de la Aduana, José Sbatella, explicó en octubre de 2003 que se detectaron "operaciones sistemáticas de contrabando" en la región, que en su parte medular consistían en la adulteración de documentos para declarar otra carga que la real y por valores que nunca superaban el 10 por ciento verdadero.

LA BASE OPERATIVA

Como se ve, Indesur es el eje de las investigaciones. Los campos que en 1994 Rivero comenzó a arrendar pasaron a propiedad de dicha empresa a partir de 1997 y hasta 1999. La última adquisición habría sido el 23 de noviembre de ese año, un mes después de ser asignado a la secretaría del diputado herrerista Gustavo Borsari.

En esa ocasión habría adquirido 700 hectáreas, a un precio de 650 dólares cada una. La operación se concretó en efectivo, debiendo desembolsar 'el guardaespaldas del poder' la friolera de 450 mil dólares. La estancia del policía consta de unas 1.100 hectáreas. Cuando comenzó la compra de los campos inició paralelamente una serie de reformas y mejoras, que incluyeron el realambrado de los mismos, refacciones en la vivienda, construcción de una piscina y un garaje subterráneo, así como una caballeriza y un chalet.

El palacete de Rivero era punto de reunión de altos oficiales de la Policía Nacional, principalmente de la Jefatura de Policía de Montevideo, que llegaban hasta el paraíso de Rivero para participar de reuniones de camaradería. Será difícil comprobar si, además, aprovechaban el tiempo para definir la interna policial o concretar negocios. Lo cierto es que las pocas temporadas que Rivero pasaba en Uruguay estaba rodeado de buenos e influyentes amigos.

Cuando comenzó a ser investigado en 2000, los amigos dejaron de asistir a la estancia El Arrayán, ubicada en el kilómetro 32 de la Ruta 41. Sin embargo, no dejaron de brindarle su amistad, la cual se traduciría en la filtración de información sobre las pesquisas, lo cual le permitió realizar algunas operaciones para intentar desvincularse de Indesur y, fundamentalmente, escapar del país. Esas mismas amistades serían las que actualmente le permitirían ocasionalmente ingresar al país sin levantar sospechas y salir cuando el riesgo se acercaba.

Y en diciembre de 2000, cinco meses antes de que se solicitara su captura, Rivero pasó la sociedad que estaba bajo la mira a su socio argentino Darío Rubén Ippolito Ruani, según consta en acta notarial del 8 de enero de 2001. Pero, según se desprende del expediente judicial, durante los años que ostento "inmunidad", ya sea durante su paso por Presidencia como en el Parlamento, el 'guardaespaldas del poder' dejó muchas pruebas sobre su conducta, contraria a la de un comisario inspector de la Policía Nacional.

EX SECRETARIO DEL DIPUTADO GUSTAVO BORSARI
SUPREMA CORTE ARGENTINA HABILITÓ A SEGUIR CON SU EXTRADICIÓN
Federico Gyurkovits (La Diaria – 12.11.09)

El ex comisario inspector Artigas Rivero Bica tuvo un nuevo revés judicial en la vecina orilla, en donde fue detenido hace dos años, acusado por maniobras de contrabando en ambas márgenes del Plata. El máximo órgano judicial de Argentina rechazó un recurso interpuesto por la defensa y le dio vía libre para que el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral decida el destino del ex asesor de seguridad del diputado herrerista Gustavo Borsari.

Desde 1988 la vida de Rivero ha oscilado mucho. Fue policía, se convirtió en delincuente y conoció de cerca el otro lado de la ley. Después fue guardaespaldas del vicepresidente de la República, tuvo un período de cuatro años como asesor en materia de seguridad en el Parlamento, hasta que a fines de 2001 se dio a la fuga de Uruguay. Funcionarios de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) estaba a punto de capturarlo, tras comprobar que durante todos esos años el hombre había seguido asociado al delito.

Casi seis años después de haber sido librada una orden de captura internacional por el Juzgado Penal de 17º Turno, se produjo su detención, el 10 de mayo de 2007 en Argentina. A más de dos años de aquella instancia, que estuvo a cargo de Interpol, parece que los plazos procesados se van acortando y, de acuerdo con la información recabada por la diaria, es probable que Rivero finalmente regrese al país para enfrentar a la justicia por delitos de contrabando, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El 23 de junio de 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los argumentos planteados por Rivero -mediante su abogado Pedro Pablo Pusineri- alegando que no era procedente la extradición de su cliente. El “recurso de hecho” -así se denomina el mecanismo activado por la defensa- recorrió todos los tribunales hasta llegar al máximo órgano, que calificó de “inadmisible” el planteo, antes de devolverlo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de Canicoba. Fuentes cercanas al caso estimaron que, en caso de que el magistrado finalmente resuelva entregar al imputado a la justicia uruguaya, la acción puede concretarse antes que termine el año.

Sin embargo, de este lado del río, en el Juzgado Penal de 17º Turno no se tiene conocimiento de la última decisión de la Corte Argentina. Sí se enfatizó que el expediente está prácticamente paralizado desde 2001, ya que, si bien hay otros sospechosos e implicados, sólo Rivero tiene una situación comprometida desde el punto de vista procesal, al tiempo que es el único que puede destrabar algunos de los misterios que su ausencia mantiene a salvo.
El poder, el poder

Entre 19 y 20 de julio de 1989 tuvo lugar la 20ª sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Eran tiempos en los que Luis Alberto Lacalle corría con viento a favor para convertirse en el sucesor de Julio María Sanguinetti. Meses después lo lograría.

En aquella instancia parlamentaria, los legisladores del Partido Nacional le plantearon, entre otras, las siguientes preocupaciones al entonces ministro del Interior, Antonio Marchesano: “I) Medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad individual ante el notorio incremento de la delincuencia en el país. II) Participación de algunos miembros del cuerpo policial en recientes hechos delictivos”. Uno de los protagonistas fue Alberto Zumarán. Entre los temas marcados por el legislador, hubo una parte dedicada a la corrupción policial.

“Otro caso que se inscribe en la temática de lesionar la disciplina y el principio de autoridad del Instituto Policial, se produce en la Jefatura de Policía de Florida. Luego de reiteradas denuncias, el señor subjefe, inspector Presa, detuvo al subcomisario Artigas Rivero y al oficial Manuel Porto. A ambos se les incautaron diversos objetos ilícitos. Una vez remitidos a la justicia, fueron procesados por abigeato y contrabando. No sólo no se les formó Tribunal de Honor, sino que cuando recuperaron su libertad, el ministro los reincorpora al servicio. El subcomisario Artigas Rivero pasa a la Seccional 21ª y el oficial principal Manuel Porto a la 8ª. Dada la resistencia que esto produjo en el departamento de Florida, ambos pasan en comisión a Institutos Penales”.
Espalda con espalda

Menos de un año después, las oscilaciones de la vida hicieron que Artigas Rivero se convirtiera en el guardaespaldas del entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, quien años después se convirtió en defensor de Porto contra el Estado, ya que en 1997 fue dado de baja tras un nuevo procesamiento (encubrimiento del crimen de la joven Sheyla López en Rivera). Los buenos oficios del abogado Aguirre hicieron que en 2001 recuperara su puesto y cobrara los salarios que no había percibido. Cuando Lacalle y Aguirre terminaron su mandato, tampoco Rivero quedó a la deriva. En 1997 Borsari lo acogió en su despacho como asesor en materia de seguridad, aunque casi nunca iba a trabajar (Rivero), tal como en su momento lo reconocieron otros allegados al legislador herrerista. Y meses después de que Porto volviera al Estado, su socio en el crimen (Rivero) lo abandonaba ante la inminencia de su captura. Fue en diciembre de 2001 cuando se conocieron sus vínculos con el contrabando y con Borsari. Semanas antes de fugarse -como el propio ex policía lo reconoció en una entrevista desde la clandestinidad con Caras y Caretas- le notificó a Borsari que abandonaría el trabajo.

Durante su período en el Parlamento, los investigadores de la DGRTID pudieron demostrar que el patrimonio de Rivero había crecido estrepitosamente hasta ascender a unos 10 millones de dólares, incluyendo una estancia de mil hectáreas en Florida, varios vehículos y cuentas bancarias bien nutridas. Todo eso gracias a dominar una tajada importante del contrabanado mercosuriano. Cuando el caso Rivero cobró estado público, Borsari se mostró sorprendido, dijo que no estaba al tanto de la vida privada de su secretario y que con él “se desempeñaba como con Gonzalo, correctamente”. También dijo que antes de sacar conclusiones había que dejar trabajar a la justicia sin interferir con esa tarea.